Protesta en Larrea al 400: Desalojo, incendio y detenciones
En una noche marcada por la tensión y la protesta, un grupo de personas se congregó en la calle Larrea al 400 para expresar su descontento por el reciente desalojo de un inmueble en el que residían unas 47 personas. El desalojo, llevado a cabo el pasado domingo 5 de mayo, ha generado controversia y ha puesto en el centro del debate la situación de los desalojados y las circunstancias que rodearon esta medida.
Según testimonios de los desalojados presentes en la protesta, ellos aseguran que son familias que habitaban el inmueble y que no tienen relación alguna con los hechos de inseguridad denunciados por vecinos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que desencadenaron en su expulsión del lugar. Además, han recurrido a la Justicia para que se revea la decisión de desalojar y clausurar la propiedad, buscando poder regresar al sitio en el que vivían hasta el domingo pasado.
La situación se vio empañada por un incidente en el que un hombre fue detenido bajo la acusación de incendiar un contenedor de basura durante la protesta. Según informes policiales, durante el altercado, un oficial de la Policía de la Ciudad resultó lesionado con un esguince de muñeca. Aunque el individuo fue aprehendido, transeúntes intervinieron para apagar el fuego en el contenedor, evitando mayores consecuencias.
El desalojo del inmueble en Larrea al 400 fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 17, con base en denuncias previas de vecinos que señalaban al lugar como un foco de inseguridad. Según el GCBA, el edificio había sido objeto de más de 40 denuncias por delitos como robo, portación de arma de guerra, comercialización de drogas y violencia de género. En respuesta, se realizaron más de 30 allanamientos y se detuvo a 34 personas en los últimos años.
Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado que los ocupantes del inmueble serán relocalizados en Centros de Inclusión Social, en un esfuerzo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Sin embargo, la protesta y la presencia de los desalojados en la puerta del lugar indican que el tema está lejos de ser resuelto, y que la disputa legal y social continuará en los próximos días.
