Organizaciones sociales denuncian estigmatización de personas en situación de calle frente al Obelisco
Este martes, al pie del emblemático Obelisco de Buenos Aires, diversas organizaciones sociales llevaron a cabo un contundente «desayuno masivo» como parte de una protesta contra lo que consideran una mirada estigmatizante por parte del gobierno porteño hacia las personas en situación de calle.
Bajo el lema «Basta de represión a las personas en situación de calle», los voluntarios ofrecieron alimentos a aquellos que se acercaron a la Plaza de la República en busca de ayuda y solidaridad. El objetivo principal de este evento fue visibilizar las dificultades enfrentadas por las personas sin hogar y repudiar las políticas de represión implementadas por las autoridades locales.
La jornada también incluyó una conferencia de prensa donde se denunció la presunta ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de higiene y limpieza realizados por el Gobierno de la Ciudad.
Entre las organizaciones convocantes se destacan Proyecto 7, el Cels, Correpi, la Escuela Isauro Arancibia, Hecho en Buenos Aires, APDH Capital e HIJOS Capital, junto con asociaciones gremiales como Sipreba, CTA Autónoma CABA, la Junta Interna ATE Indec, UTEP y AGTSYP (Metrodelegados).
Mediante un comunicado conjunto, estas entidades expresaron su preocupación por lo que consideran un «recrudecimiento del accionar» del Gobierno de la Ciudad, liderado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Se denunció el traslado forzado de personas en situación de calle y el retiro de sus pertenencias bajo el pretexto de una supuesta «limpieza del espacio público».
Además, se criticó el protocolo de intervención de salud mental elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, señalando que busca estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población sin hogar, sin respetar las legislaciones vigentes en la materia.
Las declaraciones del secretario de Seguridad y jefe de la Policía Metropolitana, Diego Kravetz, también fueron objeto de repudio. Este afirmó que las personas en situación de calle «están cómodas viviendo en las ranchadas con sus amigos» y que el 50% de ellos tienen antecedentes penales.
Finalmente, las organizaciones exigieron la aplicación de las leyes 3.706 y 27.654, así como un presupuesto adecuado al número real de personas en situación de calle, históricamente subestimado por las autoridades.
