Macri encarceló dirigentes del subte sin delito, paralizó la Ciudad y usó los traslados de Devoto para hacer campaña

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El jefe de Gobierno convirtió una protesta menor en un caos de transporte, detuvo ilegalmente a la cúpula sindical de los metrodelegados y luego debió liberarlos sin haber obtenido nada. Los traslados de la cárcel de Devoto, que se filmaron para las redes, dejaron un tendal de violaciones a derechos humanos y presos sin medicación ni alimentos. El resultado: más marketing, menos gestión.


Hay una contradicción que Jorge Macri no logra resolver. Su slogan de campaña es “ley y orden”. Su gestión, en los últimos días, produjo el caos en el subte más importante de la Ciudad, detuvo ilegalmente a sindicalistas que no habían cometido ningún delito, violó protocolos de derechos humanos en los traslados de la cárcel de Devoto y terminó dando marcha atrás en todas sus iniciativas. Eso no es ley y orden. Es improvisación al servicio de la foto.

El subte paralizado por una decisión política, no gremial

Todo comenzó con una protesta de los trabajadores del subte en la línea B, motivada por suspensiones que la empresa había aplicado al personal. La medida elegida por los trabajadores fue la apertura de molinetes: una acción que no interrumpe el servicio ni perjudica a los usuarios, sino que afecta la recaudación de la empresa Emova (ex Metrovías), que lleva décadas deteriorando el servicio desde el menemismo hasta acá.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue desproporcionada desde el primer minuto. Ante la imposibilidad de detener al delegado gremial que encabezaba la protesta, las fuerzas de seguridad se llevaron presa a toda la conducción del sindicato, bajo una lógica que el propio Macri no pudo explicar con solvencia: los dirigentes eran rehenes hasta que encontraran al delegado. Nada de eso tiene ni la apariencia de legalidad.

El argumento oficial fue que el Gobierno había declarado esencial el servicio del subte, una consecuencia porteña de la reforma laboral de Javier Milei. Pero la esencialidad del servicio tiene que ver con garantizar un porcentaje de operación durante medidas de fuerza, no con prohibir la apertura de molinetes. El jefe de Gobierno afirmó que los detenidos habían “bloqueado un servicio esencial”. No bloquearon nada: abrieron molinetes. La diferencia no es menor: es la diferencia entre un hecho punible y el ejercicio legítimo del derecho sindical.

El conflicto fue escalando durante todo el día. El Gobierno envió una intimación exigiendo el restablecimiento del servicio. Los metrodelegados respondieron que no lo harían hasta que no liberaran a los dirigentes detenidos. Y así terminó: el servicio se normalizó por la tarde, después de que el Gobierno liberó a quienes había encarcelado sin ningún sustento legal. No hubo ningún acuerdo sobre el conflicto de fondo. No hubo ninguna sanción a nadie. Solo hubo un día de caos para toda la Ciudad y una derrota política que Macri intentó disimular con declaraciones.

Lo que quedó claro es que los metrodelegados siguen teniendo la huelga como herramienta central, exactamente lo que hizo que gobernantes anteriores del PRO —Mauricio Macri incluido— no tomaran medidas tan drásticas: las consecuencias para los usuarios se vuelven en contra del gobierno de turno. Ahora hay una confianza total en que los grandes medios van a acompañar el relato que demoniza a los sindicalistas y oculta la cadena de decisiones que desencadenó el problema. A eso ya no se lo puede llamar periodismo: es propaganda.

Los traslados de Devoto: Reels para las redes, derechos humanos para el olvido

El otro capítulo de la semana fue el traslado de los presos de la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Cuando inauguraron la nueva cárcel porteña, el Gobierno anunció que los traslados se harían de forma paulatina, con un cronograma informado a los familiares y todas las garantías necesarias. No se cumplió nada de eso.

El domingo siguiente al anuncio, de manera sorpresiva, se montó un operativo masivo para trasladar a la gran mayoría de los presos. El operativo fue diseñado para que Macri pudiera filmar Reels de tintes bukelianos. Literalmente, se gobierna para las redes sociales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la mudanza comenzó “sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control”, con el Gobierno incumpliendo los acuerdos previos para que el proceso se realizara con garantías. La Procuración Penitenciaria Federal también señaló que se incumplió el Protocolo de Traslados del Servicio Penitenciario Federal, dictado después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado “Caso López” —precisamente por trasladar presos sin evaluar su situación individual ni permitir control judicial previo—. El protocolo obliga a avisar a los juzgados y defensas con 72 horas de anticipación y prohíbe trasladar, entre otros, a estudiantes universitarios cuando no se puede garantizar la continuidad de sus estudios.

Los primeros trasladados fueron exactamente esos: los presos que cursaban en el Centro Universitario de Devoto (CUD). Tanto la UBA como los jueces de ejecución penal habían pedido explícitamente que fueran los últimos en ser trasladados. Fueron los primeros. Luego de la protesta de la universidad, el Gobierno anunció que los llevarán a Ezeiza para que puedan continuar sus estudios. Nadie explicó por qué no los trasladaron directamente ahí desde el principio.

Detrás de los Reels, hubo algo más grave. La Coordinadora por la libertad de los presos por luchar denunció que en el pabellón donde se encuentra Eneas Gallo —detenido durante las protestas contra la reforma laboral de febrero de este año— se desató una represión con gases pimienta y lacrimógenos luego de que los presos se organizaron para reclamar por las condiciones de vida en el nuevo complejo. Las condiciones denunciadas incluyeron comida deplorable, agua no apta para consumo, doce horas sin recibir alimentos durante los traslados, falta de medicación y de pertenencias personales.

La gestión como campaña permanente

Los dos episodios de la semana —el subte y Devoto— tienen una lógica común. No son el resultado de decisiones de gestión que salieron mal. Son el resultado de decisiones que nunca tuvieron como objetivo resolver problemas: su objetivo fue siempre la imagen, el tuit, el Reel, el titular. Jorge Macri construye su perfil electoral mostrándose más duro y con más “cara de malo” que los propios referentes de La Libertad Avanza. El problema es que esa estrategia tiene costos reales: una Ciudad paralizada, sindicalistas detenidos ilegalmente, presos trasladados en condiciones inhumanas y organismos de derechos humanos denunciando al gobierno porteño.

El slogan de “ley y orden” solo funciona si hay ley y hay orden. Esta semana, no hubo ninguno de los dos.

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