Medios públicos porteños en disputa: el Gobierno avanza con la concesión y crece la ofensiva judicial de la oposición
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, formalizó su decisión de concesionar la gestión de los medios públicos porteños, lo que abrió un conflicto político, sindical y judicial. Legisladores opositores y trabajadores denuncian que la medida podría vulnerar normas constitucionales y preparan acciones legales para frenarla.
Una licitación que redefine el sistema de medios
El pliego publicado en el Boletín Oficial establece la concesión por cinco años de la AM 1110 Radio de la Ciudad, la FM 92.7 La 2×4 y el Canal de la Ciudad, con un canon estimado en más de $700 millones en total.
La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la programación completa, mientras que el Estado porteño exigirá que al menos el 30% de la grilla esté destinado a contenidos institucionales y de interés público.
Desde el Ejecutivo, la medida fue presentada como parte de una política de reducción del gasto. Jorge Macri argumentó que no corresponde destinar recursos públicos a actividades que pueden ser gestionadas por el sector privado, en línea con una visión de “eficiencia” estatal.
Cuestionamientos legales y avance de amparos
La iniciativa generó una rápida reacción en la Legislatura. Sectores de la oposición sostienen que la concesión podría contradecir el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que establece que los servicios públicos de comunicación deben ser gestionados por el Estado a través de un ente autárquico.
A esto se suma el planteo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que limita la delegación de licencias audiovisuales a terceros. Desde este enfoque, advierten que la medida podría derivar en sanciones o incluso en la revocación de autorizaciones.
En este contexto, legisladoras como Claudia Neira impulsaron proyectos para frenar la concesión, mientras que Graciana Peñafort evalúa presentaciones judiciales para suspender el proceso antes de la adjudicación.
Un escenario político fragmentado
El debate también expone diferencias entre los bloques. El oficialismo porteño respalda la iniciativa, mientras que sectores de La Libertad Avanza ven con buenos ojos la reducción del Estado, aunque reconocen dudas sobre su viabilidad jurídica.
Otros espacios, como la UCR/Evolución y sectores vinculados a figuras del PRO, aún no definieron una posición unificada, lo que deja el escenario abierto en términos políticos.
Preocupación sindical y defensa de los medios públicos
El conflicto impacta directamente en unos 500 trabajadores de los medios involucrados. Desde la Asamblea de Trabajadorxs de Medios Públicos denunciaron que la medida implica una “privatización encubierta” que pone en riesgo puestos laborales y afecta el derecho a la información.
Organizaciones sindicales como la CTA, SiPreBA y FATPREN anunciaron un plan de lucha y remarcaron que los medios públicos cumplen una función social que no puede regirse únicamente por criterios de rentabilidad, al garantizar pluralismo y diversidad cultural.
Una definición inminente
El Gobierno porteño fijó el 12 de mayo como fecha para la apertura de sobres con las ofertas. Hasta entonces, la oposición buscará que la Justicia intervenga para frenar el proceso.
Más allá de la licitación, el conflicto abre un debate de fondo sobre el rol del Estado en la comunicación pública y los límites de su eventual delegación al sector privado. La resolución del caso podría sentar un precedente clave para el futuro de los medios públicos en la Ciudad.
