El Gobierno excluye de los subsidios energéticos a más de 15.000 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados
Adorni justificó la medida en función del poder adquisitivo de los afectados: “Quien pueda pagar la energía, debe hacerlo”
El Gobierno nacional anunció la exclusión de más de 15.000 usuarios de altos ingresos del esquema de subsidios energéticos. Se trata de residentes de Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, y de diversos barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida forma parte de la política oficial de “ordenamiento” del sistema de tarifas y de segmentación del gasto público.
La decisión, comunicada este miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, apunta a eliminar los beneficios estatales que aún perciben usuarios que, según los parámetros oficiales, tienen capacidad para afrontar el costo pleno de los servicios.
“La energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerlo”
Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni fue tajante al fundamentar la resolución: “La energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerlo. Hay que dejar de castigar a quienes menos tienen para financiar los lujos de quienes más tienen”, expresó.
Según explicó el vocero, el 44% de los afectados se había inscripto falsamente como usuarios de ingresos bajos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), mientras que el 56% restante se había registrado como de ingresos medios, lo que les permitió conservar durante varios meses los beneficios estatales.
“Algunos de ellos gozan de piletas climatizadas y tienen ingresos mensuales comparables a los de una pyme promedio”, ironizó Adorni al referirse al nivel de vida de los usuarios excluidos.
Depuración del padrón y ajuste fiscal
La resolución se enmarca dentro del plan de reducción del gasto público y reestructuración del sistema de subsidios impulsado por el Ministerio de Economía, que busca limitar la asistencia del Estado solo a los sectores considerados vulnerables.
Adorni también sostuvo que la depuración del RASE es un paso clave para “dejar atrás el despilfarro”, y estimó que en las últimas dos décadas el Estado argentino destinó más de 150.000 millones de dólares a subsidios energéticos, muchos de los cuales —según la visión del Ejecutivo— fueron mal direccionados.
Reclamos y vías de revisión
Si bien la baja del subsidio será automática para los casos detectados, el Gobierno aclaró que los usuarios podrán presentar un reclamo a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en caso de que consideren que fueron excluidos erróneamente o que su situación económica ha cambiado.
“La segmentación de subsidios no es un castigo, sino una herramienta para orientar mejor los recursos”, justificaron desde la Secretaría de Energía. El objetivo declarado por el oficialismo es consolidar un esquema “justo y transparente”, donde el esfuerzo del Estado se concentre en quienes realmente lo necesitan.
Contexto de ajuste y tensiones sociales
La decisión se conoce en medio de un contexto de tensión social creciente, en el que amplios sectores de la población vienen denunciando el impacto del ajuste fiscal en las tarifas de servicios, el transporte y la salud. Si bien el Gobierno busca mostrar estos anuncios como medidas de eficiencia y equidad, distintas organizaciones sociales y expertos en políticas públicas han advertido sobre los riesgos de aplicar recortes sin un sistema de verificación robusto ni canales ágiles de reclamo.
Asimismo, no se informó oficialmente cuántos de los más de 15.000 usuarios excluidos ya habían comenzado a pagar la tarifa plena antes de esta medida, ni si el resto acumuló deudas o recibió advertencias previas.
Un cambio en el paradigma tarifario
Desde su llegada al poder, la administración de Javier Milei ha sostenido que la Argentina debe abandonar el modelo de subsidios generalizados y avanzar hacia un sistema de precios reales, incluso si esto implica aumentos significativos en las tarifas para la mayoría de los hogares. Este anuncio se inscribe en esa lógica, aunque con una fuerte carga simbólica: apuntar a sectores de ingresos altos que, según el Gobierno, se beneficiaban indebidamente de subsidios diseñados para los sectores más vulnerables.
La exclusión masiva en barrios de alto poder adquisitivo busca también dar un mensaje político en medio del ajuste: mostrar que los recortes alcanzan también a los sectores privilegiados, aunque, según especialistas, su impacto económico directo sería limitado en comparación con los montos totales del gasto público en energía.
La medida está siendo monitoreada de cerca por organismos de control y por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que deberá verificar la correcta aplicación de las exclusiones y responder a los reclamos de los usuarios que se consideren perjudicados.
