Marcha Federal de la Salud: sindicatos y organizaciones sociales movilizarán desde la 9 de Julio hasta Plaza de Mayo bajo el lema “La salud no puede esperar”
El Foro por el Derecho a la Salud convocó para este miércoles 20 de mayo una movilización nacional en rechazo a los recortes presupuestarios en el sector sanitario. Los organizadores denuncian una reducción de 63.000 millones de pesos en partidas de salud y advierten que “un millón de familias” quedarían afectadas. El Gobierno niega el desfinanciamiento y atribuye la protesta a motivaciones políticas.
Este miércoles 20 de mayo, el centro de la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una de las movilizaciones más significativas de los últimos meses en materia sanitaria. Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores del sector nucleados en el Foro por el Derecho a la Salud convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública que reunirá a manifestantes de todo el país bajo un lema que busca instalar urgencia: “La salud no puede esperar”.
Dónde y cómo: recorrido desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo
La concentración principal está prevista para las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la esquina de la avenida 9 de Julio y Moreno. Desde allí, la columna avanzará por la avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo (Comuna 1), donde tendrá lugar el acto central. La movilización tendrá réplicas en distintas ciudades del interior del país. Un operativo de seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía de la Ciudad buscará ordenar el tránsito y resguardar zonas sensibles como la Casa Rosada y el propio edificio de la cartera sanitaria.
Los reclamos: recortes, Remediar, PAMI y salud mental
Los convocantes denuncian que el sistema de salud atraviesa una situación “crítica” y que el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei pone en riesgo el acceso a derechos básicos. Entre los datos esgrimidos figura una reducción de 63.000 millones de pesos en partidas destinadas al área sanitaria, con el argumento de que la medida dejaría a un millón de familias con cobertura reducida o dificultades en la atención.
Entre los programas cuestionados aparecen el debilitamiento de Remediar —que distribuía medicamentos gratuitos en centros de atención primaria—, recortes en el PAMI y dificultades en el acceso a vacunas, tratamientos de alto costo y políticas de salud mental. Los organizadores sostienen que estas restricciones no son eficiencias administrativas sino recortes con consecuencias directas sobre la población más vulnerable.
El Gobierno rechaza los planteos y habla de “eficiencia”
Desde el Ejecutivo nacional, las autoridades rechazan de plano la caracterización de la protesta. Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria de la Nación, fue taxativo al respecto: “De ninguna manera hay desfinanciamiento. El ajuste no existe. Lo que sí existe es una configuración sobre la eficiencia y el mejor manejo de los recursos”. Flores agregó que la Nación continúa garantizando el tratamiento de pacientes oncológicos y personas con enfermedades poco frecuentes.
En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, rechazó los planteos de los organizadores y atribuyó la convocatoria a “motivaciones políticas”. Las autoridades sostienen que el financiamiento de los programas sanitarios está garantizado y destacan medidas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y ampliar la cobertura en áreas específicas. Además, el Gobierno cuestionó la participación en la convocatoria del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de dirigentes sindicales, a quienes señaló como promotores políticos de la movilización.
Una protesta en un contexto de creciente tensión social
La Marcha Federal de la Salud se inscribe en un ciclo de movilizaciones que en los últimos meses ha reunido a actores del ámbito universitario, estatal y social en torno a la discusión sobre el rumbo del gasto público bajo la administración de Milei. El denominador común es la disputa sobre el sentido del ajuste: para el Gobierno, una condición necesaria para sanear las cuentas públicas; para los manifestantes, una decisión política que compromete derechos adquiridos.
En ese debate, la salud ocupa un lugar singular: se trata de un bien público cuyo deterioro no siempre es visible de inmediato, pero cuyos efectos —cuando se hacen sentir— recaen con mayor peso sobre quienes menos recursos tienen para sostener una alternativa privada. Lo que suceda este miércoles en las calles de Buenos Aires será, entre otras cosas, un indicador del estado de ese debate.
