Organizaciones exigen una ley de emergencia en discapacidad ante el ajuste del gobierno de Milei
Movilización frente al Congreso y reclamo por derechos fundamentales
Este miércoles, diversas agrupaciones que representan a personas con discapacidad se movilizan al Congreso de la Nación para exigir la sanción de una ley de emergencia nacional en discapacidad que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027. La convocatoria surge como respuesta al profundo ajuste implementado por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, que ha generado un impacto crítico sobre los sectores más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención.
La jornada coincide con la reunión del plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto, en donde legisladores de distintos bloques de la oposición intentan avanzar con el dictamen del proyecto. Las organizaciones presentes buscan presionar para que se logre un consenso legislativo que habilite el debate en el recinto.
Una crisis estructural agravada por el ajuste
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que la situación actual es insostenible. “No se registran actualizaciones arancelarias desde diciembre de 2024 y el atraso acumulado supera el 60 %”, denunciaron en un comunicado. Esta falta de actualización repercute directamente en los prestadores de servicios y compromete la continuidad de tratamientos esenciales, afectando a miles de familias en todo el país.
A la ya crítica situación que arrastraba el sector se suman los efectos del ajuste fiscal y la paralización de transferencias desde el Estado nacional, que han reducido significativamente los recursos destinados a salud, transporte y asistencia. El deterioro del sistema pone en jaque el cumplimiento de derechos fundamentales.
Una ley para garantizar derechos y obligaciones del Estado
El proyecto de ley presentado por la oposición declara la emergencia en materia de discapacidad en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es doble: atender de forma inmediata la crisis que atraviesan las personas con discapacidad y garantizar la aplicación plena de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044.
“Esta iniciativa no solo busca resolver urgencias, sino también fortalecer el cumplimiento del Estado nacional con sus obligaciones”, afirmaron las organizaciones convocantes. Entre los puntos centrales de la ley se encuentran el financiamiento adecuado de prestaciones, la garantía de acceso a transporte, educación, salud y asistencia técnica, así como el sostenimiento de los centros de atención especializados.
Apoyo legislativo y diversidad de bloques
El emplazamiento para emitir dictamen fue aprobado el pasado 8 de abril con 126 votos positivos, incluyendo apoyos de Unión por la Patria (UxP), la Coalición Cívica, sectores del radicalismo como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la libertaria Lourdes Arrieta y los bloques de izquierda. Este heterogéneo respaldo refleja el carácter transversal del reclamo y la urgencia de una respuesta institucional ante una situación que afecta directamente a más de 5 millones de personas.
“No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo derechos”, remarcan desde las organizaciones. La consigna que unifica el reclamo es clara: sin financiamiento, no hay inclusión posible. Las entidades insisten en que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar condiciones dignas de vida y participación para las personas con discapacidad.
Una demanda que interpela al Congreso y al Ejecutivo
Mientras el oficialismo guarda silencio y no ha emitido hasta ahora una postura oficial sobre el proyecto, las agrupaciones advierten que el tiempo apremia. “Cada día que pasa sin respuestas se pierden tratamientos, se cierran centros, y se vulneran derechos adquiridos”, sostienen.
En las afueras del Congreso, pancartas, sillas de ruedas, profesionales de la salud, familiares y personas con discapacidad se hacen oír en un clima de tensión y esperanza. La movilización busca dejar en claro que la discapacidad no puede ser variable de ajuste, y que el Estado debe actuar con urgencia para revertir una situación que pone en riesgo vidas y proyectos de vida.
