La Ciudad unifica y actualiza los derechos de construcción para ordenar el desarrollo urbano sustentable
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la unificación y actualización del régimen de cobro de los derechos vinculados a la construcción sustentable y al desarrollo urbano, con el objetivo de ordenar la normativa vigente, mejorar la gestión administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de desarrolladores y constructores. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 23/SSGDU/26, publicada en el Boletín Oficial porteño.
La iniciativa alcanza a dos instrumentos clave previstos en el Código Fiscal de la Ciudad: el Derecho de Construcción Sustentable y el Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, ambos asociados a proyectos inmobiliarios y urbanísticos que impactan en el tejido urbano y el ambiente.
Un marco normativo unificado
Según se detalla en los considerandos de la resolución, el nuevo esquema busca concentrar en una sola norma una serie de disposiciones que habían sido modificadas de manera fragmentada en los últimos años. Esa dispersión normativa, señalan desde el Ejecutivo, generaba dificultades tanto para la administración como para los contribuyentes a la hora de interpretar y aplicar correctamente los tributos.
Con esta actualización, la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano establece procedimientos claros y uniformes para la determinación, liquidación y percepción de los derechos, consolidando criterios que hasta ahora estaban regulados por resoluciones separadas.
Roles y competencias del Estado porteño
El nuevo régimen fue elaborado con la intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que avaló los mecanismos de recaudación en el marco de sus competencias legales. En este esquema, la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano continúa siendo la autoridad responsable de la determinación y percepción de los derechos, mientras que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro mantiene a su cargo las tareas de verificación y liquidación en los casos que así lo requieran.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que esta articulación entre áreas busca mejorar la eficiencia administrativa y reducir márgenes de discrecionalidad, fortaleciendo la transparencia en la gestión de los recursos asociados al desarrollo urbano.
Derogación de normas previas
Como parte de la reorganización normativa, la resolución deroga expresamente las Resoluciones N.º 188-SSGU/24 y N.º 160-SSHA/24, que hasta ahora regulaban estos derechos de manera independiente. Con esta decisión, se elimina la superposición de criterios y se consolida un único marco regulatorio de aplicación general.
Sustentabilidad como eje de la política urbana
Desde la administración porteña subrayaron que la unificación del régimen no implica la creación de nuevos tributos, sino una mejor sistematización de herramientas existentes, en línea con una política urbana que coloca a la sustentabilidad ambiental y al desarrollo equilibrado del hábitat como ejes centrales.
“La claridad normativa es clave para promover inversiones responsables y garantizar que el crecimiento de la Ciudad se realice bajo criterios ambientales y urbanos claros”, señalaron fuentes oficiales.
La resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Bole
