Clausuran un laboratorio clandestino en Barracas por verter sustancias contaminantes a la red cloacal
Tras una denuncia vecinal, la Justicia intervino y detectó productos químicos vencidos desde 1999, sustancias corrosivas en el suelo y graves riesgos para la salud pública.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario de un nuevo escándalo ambiental y sanitario luego de que un laboratorio clandestino en el barrio de Barracas (Comuna 4) fuera clausurado de manera inmediata y preventiva por disposición judicial, tras comprobarse que vertía sustancias contaminantes a la red cloacal y operaba sin habilitación ni medidas de seguridad adecuadas.
La denuncia fue impulsada por vecinos de la zona, alertados por fuertes olores químicos y vertidos sospechosos a la vía pública. Ante esto, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), encabezada por el fiscal Blas Matías Michienzi, lideró un operativo conjunto con múltiples organismos estatales para intervenir el lugar, identificar a los responsables y asegurar los elementos peligrosos encontrados.
Sustancias peligrosas y productos vencidos desde hace décadas
Según informaron fuentes judiciales, en el procedimiento se determinó que el sitio funcionaba como un laboratorio químico ilegal, sin ningún tipo de autorización o registro. En el interior del inmueble se hallaron sustancias corrosivas y potencialmente nocivas para la salud dispersas en el suelo, muchas de las cuales eran vertidas de forma directa a la red cloacal, una práctica que representa un riesgo ambiental severo.
Además, se encontraron más de 500 envases con distintos productos químicos, algunos de ellos vencidos desde 1999, lo que evidencia la total desidia y falta de control en el manejo de estos elementos. Entre las sustancias identificadas por los especialistas de la Brigada de Emergencias de Bomberos de la Ciudad se hallaban ácido acético, ácido hialurónico, azufre biosoluble y diversos conservantes, todos ellos potencialmente peligrosos si no se manipulan con extrema precaución.
Imputación penal al responsable y secuestro de materiales
El titular del establecimiento fue imputado por el descarte de «sustancias insalubres y capaces de producir daños a la salud», de acuerdo con lo previsto en el Código Contravencional de la Ciudad y normativas ambientales vigentes. La Justicia ordenó además el secuestro y resguardo de todos los elementos hallados, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y preservar las pruebas para la causa penal.
El operativo fue articulado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, la Brigada de Emergencias del Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, y las direcciones generales de Control Ambiental (DGCONTA) y de Fiscalización y Control (DGFYC) del Gobierno de la Ciudad.
Un riesgo evitable y una deuda de control estatal
El caso generó preocupación entre los vecinos, que señalaron la falta de inspecciones previas y la ausencia de controles periódicos en zonas donde funcionan galpones o establecimientos industriales. El hallazgo de sustancias altamente contaminantes vertidas a la vía pública pone en evidencia una falla grave en la fiscalización ambiental y abre interrogantes sobre cuántos otros espacios similares pueden operar fuera del radar del Estado.
Este tipo de actividades ilegales no sólo atentan contra el medio ambiente, sino que representan un riesgo directo para la salud humana, especialmente en barrios densamente poblados como Barracas. Desde UFEMA recordaron que la denuncia ciudadana es una herramienta clave para detectar este tipo de irregularidades y que la colaboración vecinal fue determinante para actuar con rapidez.
El impacto a largo plazo: contaminación y daño a la salud
Especialistas consultados advierten que el vertido de sustancias químicas a las redes cloacales y al suelo puede tener consecuencias irreversibles en el ecosistema urbano, incluyendo contaminación del agua subterránea, daño a la flora y fauna local, y exposición prolongada de la población a químicos peligrosos.
La clausura del laboratorio representa un paso importante en la protección ambiental, pero también una llamada de atención para reforzar las políticas de control, fiscalización y prevención. Mientras avanza la causa judicial, la comunidad espera que se investigue a fondo y se impongan sanciones ejemplares a quienes operan con total desprecio por el bienestar colectivo.
