Jorge Macri vetó leyes y artículos vinculados a niñez, adolescencia y salud mental
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso vetos totales y parciales a tres leyes sancionadas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todas vinculadas a niñez, adolescencia y salud mental. Las decisiones quedaron formalizadas a fines de diciembre mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, y fueron fundamentadas en objeciones técnicas, operativas, presupuestarias y formales. Aunque el Ejecutivo aseguró compartir el espíritu de las iniciativas, sostuvo que su implementación, tal como fueron aprobadas, presenta riesgos y deficiencias que impiden su promulgación.
Veto total a los “Puntos de Encuentro Seguros”
A través del Decreto 508/25, el Ejecutivo vetó en su totalidad la Ley 6.907, que proponía crear Puntos de Encuentro Seguros para niñas, niños y adolescentes en estaciones de subte y centros de trasbordo, con dispositivos de contacto directo con la Línea 102, canal especializado en la protección de derechos.
Según el Gobierno porteño, ubicar estos espacios en ámbitos de alta circulación, ruido y videovigilancia obligatoria contradice los principios de confidencialidad, privacidad y resguardo de identidad que la propia norma buscaba garantizar. Además, advirtió el riesgo de desnaturalizar la Línea 102 por un uso indiscriminado para consultas que exceden su objetivo específico, afectando su eficacia como política pública especializada.
El veto se apoyó, además, en observaciones técnicas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que recomendó no avanzar con la implementación en los términos sancionados.
Veto parcial al estudio epidemiológico de salud mental
Mediante el Decreto 508/25, el Ejecutivo resolvió vetar parcialmente la Ley 6.880, que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en la Ciudad.
Fueron objetados los artículos que creaban una Comisión Especial externa al sistema público de salud y le asignaban funciones centrales en el diseño, implementación y análisis del estudio. El Gobierno argumentó que esa estructura carecía de una unidad de comando epidemiológico, no preveía la intervención de un Comité de Ética y podía comprometer la protección de datos sensibles, cuya custodia —remarcó— es indelegable del Estado.
De este modo, se mantuvo vigente el objetivo general de realizar el estudio, pero se eliminaron los artículos que, a criterio del Ejecutivo, afectaban la coherencia técnica, sanitaria y legal de la iniciativa.
Veto parcial a la ley de hogares convivenciales
El Decreto 509/25 formalizó un veto parcial a la Ley 6.900, que establecía nuevos estándares de calidad del cuidado y condiciones de habitabilidad para los hogares convivenciales que alojan a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
El Ejecutivo vetó numerosos artículos vinculados a exigencias edilicias y de seguridad, dotación de personal, acceso al Legajo Único (LUNNA) y asignaciones presupuestarias, al considerar que su aplicación inmediata podría resultar inviable y poner en riesgo la continuidad del sistema de acogimiento residencial.
Asimismo, señaló un vicio formal en el procedimiento legislativo: varias modificaciones al Código de Edificación requerían el mecanismo de doble lectura con audiencia pública, instancia que no fue cumplida durante el tratamiento de la norma.
Un debate que vuelve a abrirse
En los tres casos, el Gobierno porteño insistió en que comparte los objetivos de las leyes vetadas, pero subrayó que no pueden implementarse en los términos sancionados por la Legislatura. Las decisiones reabren el debate político sobre el alcance de las políticas de protección de derechos, salud mental y cuidado integral de niñas, niños y adolescentes, y vuelven a evidenciar diferencias de criterio entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Ciudad.
