Desalojo en Parque Avellaneda: cruce político y social tras la recuperación de un predio bajo la autopista
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante durante la madrugada un operativo de desalojo en un predio ubicado bajo la Autopista Perito Moreno, en la calle Ameghino 1035, en el barrio de Parque Avellaneda. El espacio era utilizado desde hacía una década por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización vinculada al dirigente social Juan Grabois.
Desde el Ejecutivo porteño justificaron la medida en la necesidad de recuperar un bien público ocupado de manera irregular. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue contundente al referirse al operativo: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”, expresó a través de sus redes sociales, donde también afirmó que se trató de la “propiedad número 533 recuperada” por su gestión.
El operativo y la postura oficial
El procedimiento contó con la participación de unos 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, maquinaria pesada, camiones, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención. Según el comunicado oficial, el predio será restituido a la Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño.
En esa línea, Macri sostuvo que “respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”. Por su parte, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, remarcó que “la convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse” y advirtió que la Ciudad actuará cada vez que se detecten ocupaciones ilegales para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos.
La respuesta del MTE y el reclamo laboral
Tras el desalojo, el MTE difundió un comunicado en el que rechazó la versión oficial y aseguró que el predio no estaba usurpado. Según la organización, el espacio “fue otorgado a la cooperativa hace más de 15 años por el propio Gobierno porteño y forma parte del sistema formal de reciclado de la Ciudad”.
Desde el movimiento señalaron que en el lugar trabajaban alrededor de 200 personas, entre recuperadores urbanos, operarios y mecánicos, y que incluso había personal del GCBA cumpliendo funciones. Además, detallaron que allí se recuperaban más de 100 toneladas mensuales de material reciclable, incluyendo unas 25 toneladas de residuos textiles, lo que —según remarcaron— lo convertía en el único circuito de reciclado textil existente en la Ciudad de Buenos Aires.
Diálogo cortado y conflicto abierto
El MTE sostuvo que durante meses mantuvo conversaciones con autoridades porteñas por las molestias que la operatoria del predio podía generar en el barrio, debido al ingreso y egreso de camiones entre las 6 y las 21 horas. Sin embargo, denunciaron que ese diálogo fue interrumpido unilateralmente y que la Dirección de Reciclado “se desentendió de la problemática”, sin ofrecer alternativas.
Para la organización, el desalojo pone en riesgo 200 puestos de trabajo y compromete la capacidad de la Ciudad para recuperar cientos de toneladas de residuos reciclables. El episodio deja expuesto un fuerte choque de visiones entre el Ejecutivo porteño, que prioriza el orden y la legalidad del uso del espacio público, y las organizaciones sociales, que reclaman reconocimiento institucional y continuidad laboral.
El conflicto, con claras derivaciones políticas, sociales y ambientales, promete seguir escalando y reabre el debate sobre el rol de las cooperativas, el reciclado urbano y los límites de la política de recuperación de predios en la Ciudad.
