Reciclado en conflicto: la legisladora Mariana González acusó al GCBA de “destruir las políticas ambientales”
La controversia por el desalojo del predio ubicado bajo la autopista Perito Moreno, en la calle Ameghino 1035 del barrio de Parque Avellaneda, sumó un nuevo capítulo político. La legisladora porteña Mariana González, del bloque Patria Grande, acusó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) de avanzar contra las políticas públicas de reciclado y dejar sin trabajo a unas 200 personas que integran la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros.
Según expresó la legisladora en redes sociales, el espacio desalojado “forma parte del sistema formal de reciclado de la Ciudad” y constituye “el único circuito de recuperación de textiles de toda CABA”. En ese marco, cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo porteño y sostuvo que no se trata de una ocupación ilegal, sino de un predio asignado por el propio GCBA hace más de 15 años para cumplir funciones específicas dentro del esquema de gestión de residuos.
Un golpe al reciclado textil y al empleo
González advirtió que el desalojo pone en riesgo una política ambiental clave, en un contexto donde la reutilización y el reciclado de residuos textiles aparecen como uno de los mayores desafíos de las ciudades. “Este desalojo se suma a otras acciones que destruyen la única política pública de recuperación de desechos textiles”, señaló, y recordó el abandono del Centro Verde Barracas, que se incendió años atrás y nunca fue reconstruido. Para la legisladora, esa secuencia evidencia “una decisión política de desmantelar el sistema de reciclado”.
La cooperativa desalojada cumple un rol central en la recuperación de materiales: procesa más de 100 toneladas mensuales de reciclables, entre ellas unas 25 toneladas de retazos textiles, según datos difundidos por el propio Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En el predio trabajan recuperadores urbanos, operarios y mecánicos, además de personal vinculado a programas oficiales de la Ciudad.
Cruces políticos y reclamo de respuestas
Las críticas también fueron compartidas por la diputada nacional Natalia Zaracho, quien calificó el operativo como “otro golpe al reciclado” y reclamó explicaciones al Ejecutivo porteño. “200 recicladores sin trabajo por el desalojo que ordenó Jorge Macri. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores y con el material que se reciclaba en esa planta?”, expresó, exigiendo respuestas inmediatas.
Del lado del Gobierno de la Ciudad, el jefe de Gobierno Jorge Macri defendió el procedimiento y sostuvo que se actuó en defensa de la legalidad y del uso del espacio público. Sin embargo, desde el MTE y sectores de la oposición insisten en que existía un acuerdo previo con el GCBA y que, durante meses, mantuvieron conversaciones para reordenar la operatoria ante posibles molestias al barrio, sin obtener una alternativa concreta.
Un debate de fondo sobre ambiente y modelo de gestión
El conflicto reabre un debate más amplio sobre el modelo de gestión de residuos en la Ciudad y el rol de las cooperativas dentro de ese sistema. Para González, el desalojo no sólo implica una pérdida laboral, sino también un retroceso ambiental, al interrumpir un circuito que evita que toneladas de textiles terminen en rellenos sanitarios.
Mientras tanto, las 200 familias afectadas esperan definiciones y una solución que garantice la continuidad del trabajo y del reciclado. En ese escenario, la discusión trasciende el hecho puntual y pone en tensión la política ambiental porteña, en un contexto donde la economía circular y la inclusión social aparecen, al menos en el discurso, como objetivos centrales.
