FATUN anuncia paro nacional en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y exige mejoras salariales
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ha anunciado un paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo para el 26 de septiembre. La medida busca presionar al Gobierno nacional para mejorar las condiciones salariales y presupuestarias del sector universitario, en medio del rechazo al veto anunciado por el presidente Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Congreso. A esta protesta se suman la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), que también han convocado jornadas de visibilización.
Las actividades previas incluyen un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas el 24 de septiembre, para visibilizar la importancia del financiamiento adecuado de las universidades, y una movilización al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el día siguiente.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó la Ley de Financiamiento como “populismo legislativo”, apoyando la decisión del veto total de Milei. La Ley, que obtuvo una amplia mayoría en ambas cámaras, obliga al Gobierno a ajustar los salarios y presupuestos de las universidades según la inflación bimensual y contempla una recomposición salarial del 45% entre noviembre y julio de este año.
El Consejo Superior de la UBA, en su última reunión, manifestó su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo del salario en el ámbito universitario, que ha sido del 40% en lo que va del año, y alertó sobre la falta de una ley de presupuesto para 2024, lo que agudiza la crisis financiera de las universidades.
El Consejo enfatizó la importancia de la ley para garantizar la continuidad de funciones fundamentales como la docencia, la investigación, la extensión y la atención sanitaria en las universidades nacionales, e instó a los senadores a que aprueben el proyecto que garantizaría un financiamiento adecuado para las universidades públicas.
