El GCBA convirtió a SBASE en sociedad anónima: nuevo esquema jurídico y debate político
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una reconfiguración institucional de Subterráneos de Buenos Aires, al transformar a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). La decisión fue formalizada mediante un decreto del jefe de Gobierno Jorge Macri, y si bien desde el Ejecutivo porteño descartaron una privatización en el corto plazo, el cambio abrió interrogantes políticos, jurídicos y operativos sobre el futuro del sistema de subterráneos.
SBASE es la empresa responsable del desarrollo, administración, expansión y control de la red de subtes de la Ciudad, integrada por las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro. Hasta ahora funcionaba como Sociedad del Estado, una figura jurídica típica de empresas públicas. Con el nuevo decreto, pasará a regirse por el régimen de sociedades anónimas, aunque con un único accionista: el propio Gobierno porteño.
Qué implica la conversión a Sociedad Anónima Unipersonal
La transformación supone un cambio sustancial en el marco legal y societario bajo el cual opera la empresa. El nuevo estatuto establece la constitución de un capital social superior al billón de pesos, fijado en $1.184.310.351.539, representado por igual cantidad de acciones ordinarias, nominativas y no endosables, con un valor nominal de $1 cada una y derecho a un voto por acción.
Además, el decreto habilita la posibilidad de aumentar el capital hasta cinco veces el monto inicial, una cláusula que, si bien es habitual en sociedades comerciales, introduce una flexibilidad inédita para una empresa históricamente estatal. Desde el GCBA señalaron que esta modificación busca dotar a SBASE de mayor agilidad administrativa, financiera y operativa, especialmente para encarar proyectos de inversión de largo plazo.
Privatización: lo que dice y lo que no dice el decreto
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a una eventual privatización. Desde el Gobierno de la Ciudad aclararon que el decreto no habilita la venta automática de acciones al sector privado, a diferencia de los procesos que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional con empresas como AySA.
El texto normativo no menciona explícitamente la posibilidad de desprenderse del capital accionario. En caso de que el Ejecutivo porteño quisiera avanzar en ese sentido, sería necesaria una ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad, lo que introduce un control político adicional y una instancia de debate público.
No obstante, especialistas en derecho administrativo y sectores de la oposición advierten que la conversión en sociedad anónima es un paso previo clásico en procesos de privatización o apertura al capital privado, aun cuando no se concrete de manera inmediata.
Argumentos oficiales y cuestionamientos
Desde la administración porteña sostienen que el objetivo central es modernizar la gestión del subte, mejorar los mecanismos de financiamiento y fortalecer la capacidad de planificación de la empresa. Según fuentes oficiales, el nuevo esquema permitiría celebrar contratos con mayor flexibilidad, acceder a herramientas financieras más amplias y ordenar internamente la estructura de SBASE.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Distintos sectores políticos y gremiales plantearon que el cambio puede debilitar el carácter público del servicio, abrir la puerta a futuras concesiones o priorizar criterios de rentabilidad por sobre la función social del transporte. También señalaron la falta de un debate legislativo previo, dado que la transformación se concretó por decreto.
Un cambio de fondo en un servicio estratégico
El subte es uno de los servicios públicos más sensibles de la Ciudad de Buenos Aires, utilizado a diario por cientos de miles de pasajeros. En ese contexto, la conversión de SBASE en sociedad anónima marca un giro institucional de peso, que redefine la relación entre el Estado, la empresa y el sistema de transporte.
Aunque el GCBA insiste en que no hay una privatización en marcha, el nuevo estatus jurídico modifica las reglas de juego y deja planteado un escenario abierto. El alcance real de la medida dependerá, en adelante, de cómo se utilice esta herramienta y del rol que asuma la Legislatura porteña en cualquier decisión futura sobre el capital y la gestión del subte.
