Bullrich pidió allanar a periodistas por los audios de Karina Milei, luego lo negó y ahora está denunciada por abuso de poder
a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en el centro de la polémica tras el pedido de allanamientos a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, por la difusión de audios que vinculan a Karina Milei en un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Primero lo negó, luego se conocieron documentos que la contradicen, y ahora enfrenta una denuncia judicial por abuso de autoridad.
El pedido de allanamientos y la negación pública
Durante una entrevista televisiva en A24, Bullrich aseguró que su cartera “no pidió nada” respecto a los periodistas. Sin embargo, el propio documento del Ministerio de Seguridad leído en vivo en el programa de Pablo Rossi solicitaba de forma explícita “allanamientos y secuestros forenses” en los domicilios de Rial y Federico, además de en los estudios de la productora Carnaval Stream.
A pesar de la evidencia, Bullrich insistió: “No, estamos pidiendo la construcción de la prueba”. El escrito ministerial, sin embargo, incluía un apartado titulado precisamente “Allanamientos”, que detallaba los procedimientos solicitados.
La denuncia de Dalbón
El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, presentó este lunes una denuncia penal contra Bullrich por abuso de autoridad y censura previa. En su presentación, el letrado sostuvo que las medidas impulsadas por el Gobierno “son manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales de libertad de expresión”.
Dalbón subrayó que el pedido de prohibición de difusión de los audios constituye “un intento palmario de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Nacional”. Además, reclamó que se cite a declarar a Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, quien instruyó avanzar con la causa.
Libertad de prensa bajo ataque
La denuncia también destacó que la presentación de Bullrich no se dirigió únicamente contra periodistas específicos, sino que buscó restringir a la totalidad de medios y plataformas digitales, configurando una “censura indirecta y masiva”.
En paralelo, el oficialismo sostiene la hipótesis de una operación de inteligencia extranjera en la filtración de los audios. Bullrich habló de “injerencia rusa” como origen de la difusión, una teoría que fue duramente cuestionada por dirigentes opositores.
Un frente político y judicial abierto
El caso abre un frente complejo para el Gobierno libertario. Por un lado, la justicia federal continúa con allanamientos y peritajes sobre la red de presuntos sobornos en la ANDIS. Por otro, la estrategia de culpar a los periodistas y buscar frenar la circulación de audios generó repudio de referentes de la oposición, como Leandro Santoro y Cristina Kirchner, que señalaron que el Gobierno intenta “convertirse de victimario en víctima”.
El futuro inmediato se centrará en la respuesta judicial a la denuncia contra Bullrich y en los avances de la investigación que compromete a Karina Milei y a funcionarios de su entorno.
