Nación transferirá $190.000 millones a la Ciudad para cumplir el fallo de la Corte por coparticipación
El Gobierno nacional dispuso una transferencia de $190.000 millones a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación. La decisión se formalizó mediante una modificación del Presupuesto 2026 y marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto financiero entre el Estado nacional y el distrito porteño.
La medida quedó establecida a través de la Decisión Administrativa 2/2026, publicada en el Boletín Oficial, y prevé el envío de los recursos como transferencias corrientes destinadas a garantizar el funcionamiento de distintas áreas del gobierno local.
El impacto del fallo judicial y el reclamo de la Ciudad
La reasignación presupuestaria responde a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, que ordenó restituir a la Ciudad parte de los fondos de coparticipación reducidos en 2020. Desde entonces, el conflicto se convirtió en uno de los principales ejes de tensión entre Nación y la administración porteña.
Con esta nueva asignación, la Ciudad se posiciona como la principal beneficiaria del reajuste presupuestario, en un intento del Gobierno nacional por cumplir con la resolución judicial y regularizar el esquema de transferencias.
Cómo se financiará la transferencia
El refuerzo presupuestario se financiará mediante una reducción en los fondos de asistencia que el Tesoro Nacional destina a otras provincias y municipios, lo que introduce un nuevo elemento de discusión en el federalismo fiscal argentino.
Según detalla la normativa, el objetivo es cubrir gastos considerados esenciales para el funcionamiento del Estado, dentro de un esquema de readecuación de partidas que abarca distintos organismos públicos.
Otras modificaciones del Presupuesto 2026
La decisión administrativa incluyó además un incremento de recursos para el Senado de la Nación por $14.300 millones, destinados principalmente a gastos operativos. De ese total, más de $10.600 millones serán utilizados para servicios y gastos de consumo, mientras que cerca de $3.700 millones se asignarán a la compra de equipamiento y maquinaria.
Asimismo, se estableció una ampliación presupuestaria para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que recibirá $42,57 millones provenientes de un convenio de subvención con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según la resolución, esta asignación no impactará en las cuentas del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, dentro del Ministerio de Economía se dispuso una reasignación interna de $400 millones, que se trasladaron desde partidas destinadas a servicios no personales para reforzar el presupuesto del personal del Gabinete de Autoridades Superiores.
Un conflicto que reconfigura el escenario político y fiscal
La transferencia a la Ciudad se inscribe en un contexto de debates sobre el reparto de recursos entre Nación y las provincias, un tema históricamente sensible en la política argentina. El reclamo porteño por los fondos de coparticipación se mantiene vigente desde la modificación del esquema de distribución durante la gestión nacional anterior.
En ese marco, el cumplimiento del fallo de la Corte busca ordenar el conflicto institucional, aunque abre nuevas discusiones sobre el impacto que tendrá la reasignación de recursos en el resto de las jurisdicciones del país.
Con esta medida, el Gobierno nacional intenta dar una señal de cumplimiento judicial y reconfigurar el equilibrio financiero entre los distintos niveles del Estado, en un escenario donde el reparto de fondos continúa siendo uno de los principales focos de tensión política y económica.
