Tensión en las escuelas artísticas de la Ciudad por amenazas ante protestas estudiantiles
Durante los mandatos de Horacio Rodríguez Larreta y la gestión de la exministra de Educación Soledad Acuña, las comunidades educativas en la Ciudad de Buenos Aires denunciaron un ambiente de hostigamiento y presiones ante cualquier manifestación de protesta por parte de estudiantes y sus familias. La conflictividad persiste bajo la nueva administración, ahora liderada por Jorge Macri, especialmente en las escuelas artísticas, donde estudiantes han votado medidas de fuerza contra la reforma educativa impulsada por el actual jefe de gobierno y su ministra, Mercedes Miguel.
Esta semana, los centros de estudiantes de distintas escuelas artísticas, entre ellas la Escuela de Cerámica N° 1 y la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, denunciaron que fueron objeto de amenazas directas de parte de la Dirección de Escuelas Artísticas (DEA), dirigida por Ada Risetto, y de la supervisora Stella Maris Pena. Según las organizaciones estudiantiles, las advertencias incluyen la suspensión de exámenes troncales, el aplazamiento de mesas de diciembre a febrero y la cancelación de actividades artísticas programadas como conciertos de coro, en caso de que se llevara a cabo el pernocte de protesta que votaron en asamblea.
Rocío Muzzu, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica N° 1, expresó su preocupación: “No es la primera vez que esta supervisora amenaza a una escuela por una medida de protesta. Las escuelas artísticas estamos siendo continuamente hostigadas por intentar defender nuestro derecho a expresarnos”. Por su parte, Violeta Díaz, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Esnaola, relató que también se les envió un correo a los estudiantes y padres advirtiendo sobre “acciones legales” si persistían en las manifestaciones, una medida que generó consternación entre las familias.
La preocupación entre padres y madres es palpable. Mariela Serlinga, madre de una estudiante de primer año en la Escuela de Cerámica N° 1 de Almagro, destacó la gravedad de las medidas tomadas por la DEA: “El Ministerio de Educación no tiene facultad para cancelar exámenes que ya están programados en el calendario escolar. Se está vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos, ya que la protesta ni siquiera afecta el horario de clases”.
Este conflicto se da en un contexto de endurecimiento de las políticas de control sobre la comunidad educativa, un enfoque que ya había sido ampliamente criticado bajo la gestión de Acuña. Entre las tácticas empleadas, el Ministerio de Educación ha infiltrado funcionarios en centros de estudiantes, denunciado penalmente a padres y madres y vigilado a las cooperadoras escolares. Las amenazas de sumarios administrativos contra las autoridades escolares que no repriman estas medidas estudiantiles son también motivo de alarma, dado que los docentes y directores muchas veces quedan en medio del conflicto sin tener un rol activo en las decisiones de los estudiantes.
La comunidad educativa de estas escuelas está en alerta y espera que las autoridades reconsideren su postura, en pos de garantizar el derecho a la educación y al libre ejercicio de expresión por parte de los estudiantes. En las palabras de Muzzu, “seguiremos defendiendo nuestros derechos y nuestra educación, sin ceder ante amenazas”.
