despidos

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En una mañana cargada de incertidumbre, más de un centenar de empleados de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) fueron confrontados con una noticia devastadora al llegar a su lugar de trabajo en el edificio de Avenida Libertador y Ramos Mejía. Sin previo aviso, personal de seguridad les comunicó su despido, impidiéndoles incluso recuperar sus objetos personales en las instalaciones.

La falta de claridad en el proceso de selección de los despidos es evidente: no se ha llevado a cabo una evaluación previa y los motivos detrás de estas decisiones permanecen en el misterio. La única constante aparente es que la mayoría de los despedidos no estaban afiliados a ningún sindicato.

Entre los afectados, no solo se encontraba personal administrativo, sino también profesionales altamente cualificados en tecnología ferroviaria que hasta el año pasado estuvieron involucrados en la supervisión y diseño de importantes obras de renovación de vías, según reportes del sitio «EnelSubte».

La situación no se limitó a ADIF; en el Museo Nacional Ferroviario, donde opera Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), también se vivieron momentos de tensión con la confirmación de 15 despidos que se habían rumoreado la semana anterior.

Ante esta crisis laboral, la Unión Ferroviaria y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos han declarado un «estado de alerta y sesión permanente», según un comunicado conjunto firmado por sus líderes, Sergio Sasia y Adrián Silva, respectivamente.

Estos despidos, llevados a cabo sin una justificación clara más allá de la reducción de costos, reflejan una visión meramente fiscalista del gobierno de Javier Milei sobre el sistema ferroviario. La reciente reorganización del Ministerio de Infraestructura, ahora absorbido por el Ministerio de Economía, ha consolidado un control casi total sobre todas las empresas del sector, con un enfoque centrado en la austeridad presupuestaria.

ADIF, establecida en 2008 para gestionar la infraestructura ferroviaria nacional, se enfrenta ahora a una situación crítica que amenaza la continuidad de proyectos de infraestructura esenciales para el sistema ferroviario del país. Estos despidos, que representan casi el 20% de la fuerza laboral, podrían obstaculizar proyectos con financiamiento internacional comprometido y afectar aún más la calidad y sostenibilidad de los servicios de trenes de pasajeros y carga en Argentina.

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