Nación promulgó y anuló la Ley de Emergencia en Discapacidad: en el Congreso piden la moción de censura a Francos
La crisis política se profundizó esta semana tras la decisión del Gobierno nacional de promulgar y al mismo tiempo suspender la aplicación de la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por insistencia del Congreso. El hecho abrió un nuevo frente de conflicto institucional y derivó en el pedido de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, impulsado por fuerzas opositoras.
Un trámite insólito
La norma, aprobada en ambas cámaras con mayoría agravada y promulgada de manera obligatoria por el Poder Ejecutivo, quedó en suspenso a través de un decreto que invocó la falta de previsión presupuestaria. La medida generó fuertes críticas de legisladores opositores, que denunciaron un intento de vaciar la voluntad del Parlamento y el incumplimiento de la Constitución.
El primero en plantear la moción de censura fue Oscar Agost Carreño, diputado nacional de Encuentro Federal, acompañado por referentes como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó. Posteriormente, se sumó Unión por la Patria, que recordó que la ley fue vetada inicialmente por el presidente Javier Milei, pero que el Congreso la ratificó con los dos tercios necesarios.
“El Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió. Milei promulga la Ley, pero no la aplica. Vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al jefe de Gabinete”, señalaron legisladores de UP.
La defensa oficial
Guillermo Francos reconoció que la situación es “políticamente incómoda”, pero insistió en que el Gobierno actuó conforme al marco legal. “Promulgamos la Ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156 en su artículo 38 establece que cuando se sanciona una norma deben estar fijadas las partidas presupuestarias para darle cumplimiento”, argumentó en declaraciones radiales.
El funcionario también citó la Ley N° 24.829, que según él dispone que toda norma sin asignación presupuestaria queda suspendida. “No puedo hacer otra cosa que cumplir con la Ley. La responsabilidad ahora está en el Congreso, que debe indicar cómo se financiará la emergencia en discapacidad”, sostuvo Francos.
Reacciones políticas
La oposición, en cambio, ve en este episodio un precedente peligroso: que el Ejecutivo utilice normas complementarias para dejar sin efecto leyes aprobadas por mayorías especiales. Para los bloques opositores, se trata de un “abuso reglamentario” y un desconocimiento del mandato constitucional.
En ese marco, la moción de censura gana volumen político. Si bien este instrumento no es habitual en la práctica parlamentaria argentina, distintos diputados insisten en su pertinencia frente a lo que califican como un “desacato institucional”.
Oscar Agost Carreño fue tajante: “Pedimos la interpelación y moción de censura al jefe de Gabinete por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, por dictar decretos nulos e inconstitucionales y por no reasignar partidas en un contexto en el que se gobierna sin presupuesto”.
El trasfondo económico
La discusión se produce en un escenario de austeridad fiscal extrema, en el que el Gobierno defiende cada veto y suspensión de leyes con el argumento de que no hay margen para aumentar el gasto público. La emergencia en discapacidad había sido calculada por especialistas en alrededor de 120 mil millones de pesos anuales, recursos que el oficialismo asegura no puede destinar sin un ajuste adicional en otras partidas sensibles.
Desde el Congreso, sin embargo, se subraya que la protección de las personas con discapacidad constituye un derecho social prioritario, por lo que la falta de financiamiento no puede convertirse en un argumento válido para ignorar la voluntad legislativa.
Lo que viene
La controversia anticipa un debate caliente en el Parlamento. La interpelación a Francos y la eventual votación de la moción de censura podrían convertirse en un test político para medir fuerzas entre el oficialismo y la oposición, en un clima ya atravesado por el rechazo a los vetos presidenciales sobre la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
En paralelo, organizaciones de personas con discapacidad y colectivos sociales ya convocan a movilizaciones frente al Congreso para exigir la plena vigencia de la Ley, señalando que se trata de una cuestión de dignidad y derechos humanos básicos.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que no puede aplicar la norma hasta que no haya recursos asignados. En esa tensión se juega el próximo capítulo de una pulseada que, a menos de dos meses de las elecciones legislativas, promete escalar tanto en el plano institucional como en la calle.
