Orden judicial requiere al Gobierno la distribución inmediata de 5 millones de kilos de alimentos almacenados

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El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que presente en un plazo de 72 horas un detallado plan de distribución de los 5 millones de kilos de alimentos almacenados en sus depósitos. Esta medida responde a una solicitud de medida cautelar presentada por el dirigente Juan Grabois, basada en una investigación periodística que reveló la retención de alimentos en medio de la crisis de los comedores.

En la orden judicial, el juez requiere al Ministerio de Capital Humano que proporcione un informe completo sobre el stock actual de alimentos almacenados, incluyendo el tipo de alimento, fechas de adquisición y vencimiento de la mercancía, así como registros de ingreso y egreso de la misma desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Además, se solicita la documentación administrativa relacionada con la adquisición de estos alimentos.

Además, el juez ha instruido al Ministerio de Capital Humano a elaborar un plan de distribución de estos alimentos en función de su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo destinatario, con el fin de implementarlo de manera inmediata.

Los alimentos almacenados sin entregar incluyen yerba mate, leche en polvo, aceite y puré de tomate, entre otros productos, según información proporcionada por el Gobierno.

La denuncia presentada por Grabois amplía acusaciones previas contra la ministra Pettovello por presunta retención de alimentos destinados a comedores, destacando la urgencia de la situación mientras estos alimentos permanecen almacenados.

Por otro lado, la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, ha instado al Gobierno a liberar los alimentos almacenados, considerando la situación de emergencia alimentaria en el país.

Por último, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, ha ofrecido dos versiones oficiales sobre la retención de los alimentos: una relacionada con la posible utilización de los mismos en caso de contingencia climática, y otra vinculada a investigaciones judiciales sobre comedores sospechosos.

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