Observatorio del Derecho a la Ciudad presenta amparo judicial por aumento del subte
El Observatorio del Derecho a la Ciudad ha presentado un amparo judicial colectivo buscando la nulidad e inconstitucionalidad del próximo aumento de la tarifa del subte en la ciudad. Este movimiento legal surge en respuesta a la Resolución N° 5/SBASE/2024, que aprueba un nuevo cuadro tarifario para el servicio de subterráneos.
Según lo establecido, el costo del pasaje del subte aumentará de los actuales $125 a $574, a partir del próximo viernes. A pesar de esta alza, se mantendrá vigente el descuento de la Red SUBE y los beneficios para pasajeros frecuentes.
La demanda judicial, presentada bajo el expediente N° 55678/2024-0, busca invalidar la resolución que autoriza el incremento tarifario, argumentando múltiples violaciones a leyes y derechos fundamentales. Entre los aspectos señalados en la demanda se incluyen:
- Violación del artículo 24 de la Ley N° 4472, al establecer una tarifa injusta e irrazonable para los usuarios.
- Incumplimiento del artículo 15.3 de la Ley N° 4772, al no promover el uso generalizado del subte debido al excesivo costo económico del pasaje.
- Vulneración del artículo 46 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que obligan a proteger el patrimonio y los intereses económicos de los usuarios de los servicios públicos.
- Falta de cumplimiento de los artículos 2 y 4 de la Ley N° 6 de Audiencias Públicas.
Además del amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, un grupo de dirigentes de izquierda liderado por la diputada nacional del FIT Myriam Bregman también ha realizado una acción legal para evitar el aumento del pasaje del subte. Este pedido cuenta con las firmas de los legisladores Alejandrina Barry y Patricio del Corro, así como del metrodelegado y dirigente del FIT Claudio Dellecarbonara.
Bregman ha criticado el esquema de incrementos propuesto, describiéndolo como un aumento del 500% en dos meses, lo que llevará el costo del boleto a $757. La diputada del FIT argumenta que este aumento desproporcionado no se ajusta al salario mínimo vital y móvil, y que con este incremento, el acceso al transporte público se vuelve inaccesible para vastos sectores de la población.
La presentación de estos amparos refleja la preocupación de la sociedad civil y los sectores políticos por la justicia y equidad en el acceso a los servicios públicos, y plantea un desafío legal para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación con la política tarifaria del transporte subterráneo.
