Matías De Vita, el empresario bajo observación en la causa de la «mafia de los contenedores»
El nombre de Matías Ezequiel De Vita vuelve a aparecer en los registros judiciales y administrativos vinculados a la investigación por contrabando de contenedores. Su madre, Gladys Fernández, procesada en la misma causa, continúa afrontando el avance del juicio oral. Entre empresas, vehículos y deudas, ambos vuelven a quedar en el radar de la Justicia.
Un apellido que regresa a los expedientes
En los tribunales federales del fuero penal económico, el apellido De Vita nunca dejó de circular. La causa conocida como la Mafia de los Contenedores, que desmanteló una red de operaciones aduaneras irregulares, vuelve a mencionarlo en los anexos patrimoniales.
Matías Ezequiel De Vita, empresario de 36 años, figura con varias sociedades activas y una vida empresarial que combina actividades en el sector automotor y de eventos. Su madre, Gladys Fernández, fue detenida en los primeros procedimientos de la investigación y permanece imputada por asociación ilícita y contrabando agravado.
De las sociedades al expediente judicial
Los registros del Boletín Oficial bonaerense y de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas muestran que De Vita ha integrado o administrado diversas empresas constituidas entre 2013 y 2024.
En su mayoría se trata de sociedades de responsabilidad limitada dedicadas a servicios de organización, logística, gastronomía y compraventa de automóviles.
Los investigadores encontraron coincidencias entre los domicilios declarados por estas compañías y los de su entorno familiar, lo que reforzó la hipótesis de un núcleo de gestión compartido entre madre e hijo durante los años en que operó la red de contrabando.
Deudas y registros automotores
Además del entramado societario, los sistemas oficiales de tránsito y recaudación registran un vehículo de alta gama a nombre de De Vita que presenta infracciones y deuda de patente tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.
Si bien los montos exactos no son públicos, la información puede verificarse en los portales oficiales de ARBA y del Gobierno de la Ciudad, donde el dominio figura con obligaciones pendientes.
Estas irregularidades no constituyen delitos en sí mismas, pero en el contexto de una causa por contrabando sirven como indicadores patrimoniales que la Justicia suele observar con atención: muestran el nivel de consumo y las posibles inconsistencias fiscales de los implicados.
El avance del juicio
El expediente principal de la Mafia de los Contenedores fue elevado a juicio oral en 2024. El juez Marcelo Aguinsky consideró acreditada la existencia de una estructura estable de contrabando que operó entre 2014 y 2016 y que involucró a más de 90 imputados.
En ese proceso, Fernández continúa procesada y su defensa mantiene recursos activos; De Vita, en cambio, no tiene procesamiento firme, aunque su nombre aparece en los informes patrimoniales de la investigación como “sujeto de interés fiscal y económico”.
Esa categoría, explican fuentes del fuero, permite a los fiscales rastrear movimientos financieros y societarios sin imputación directa, a la espera de eventuales derivaciones del juicio principal.
Presente y proyección
De Vita mantiene perfil bajo. Sus empresas continúan registradas, y los rastros de su actividad comercial siguen siendo visibles en los organismos públicos. Su madre aguarda una definición judicial que podría resolverse durante 2025, cuando el juicio oral entre en etapa de audiencias.
La combinación de negocios familiares, sociedades en serie y bienes de alto valor con deudas fiscales vuelve a colocar a ambos en una zona gris entre la legalidad formal y la sospecha judicial.
Mientras tanto, el expediente sigue abierto y cada revisión patrimonial renueva el interés sobre los nombres que alguna vez estuvieron al centro de la trama.
