La Justicia porteña revocó un fallo de Gallardo y avaló la intervención de fuerzas federales en las marchas frente al Congreso
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el amparo presentado por la CGT y la UTEP y avaló la presencia de fuerzas federales en la tradicional marcha de jubilados que se realiza todos los miércoles frente al Congreso de la Nación, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, límite entre las comunas 1 y 3.
La medida revoca el fallo del juez Roberto Gallardo, quien había ordenado que el operativo de seguridad fuera responsabilidad exclusiva de la Policía de la Ciudad, en defensa de la “autonomía y jurisdicción” del distrito porteño.
Los camaristas Fabiana Schafrik y Pablo Mántaras fundamentaron su decisión en que “la Justicia porteña no tiene competencia para intervenir sobre el accionar de fuerzas federales”, y dejaron sin efecto la medida precautoria que había otorgado el magistrado Gallardo a pedido de las centrales sindicales.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, celebraron el fallo. El director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, expresó: “Los jueces revocaron el absurdo fallo del juez Gallardo y rechazaron el amparo que pretendía limitar la actuación de la ministra Patricia Bullrich en la Ciudad”.
El Gobierno porteño, a través de la Procuración General, había apelado el fallo de Gallardo por considerar que se trataba de una medida “improcedente, arbitraria y carente de fundamentación”, que “afectaba la división de poderes” y “se apartaba del debido proceso legal”.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad que evalúe la conducta del juez Gallardo e inicie un sumario por presunto mal desempeño.
Un conflicto que vuelve a poner en tensión la seguridad y la autonomía
La resolución judicial vuelve a encender la histórica disputa sobre el control operativo de la seguridad pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente cuando se trata de protestas sociales y derechos constitucionales como la libre circulación y la manifestación.
Si bien la Ciudad cuenta con su propia fuerza policial desde 2017, las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA— aún intervienen en zonas bajo jurisdicción nacional, como la Plaza Congreso y las inmediaciones del Parlamento.
La movilización semanal de los jubilados y organizaciones sociales se realiza desde hace años en ese punto, reclamando mejoras en los haberes, atención sanitaria y acceso a medicamentos. La participación de la Policía Federal y Gendarmería ha sido constante en los últimos tiempos, especialmente desde la llegada de Bullrich al Ministerio.
El fallo de la Cámara representa un respaldo político y jurídico al control operativo del Ministerio de Seguridad nacional sobre los operativos en zonas clave del centro porteño. Pero también refleja, una vez más, la disputa entre los poderes de la Ciudad y el Estado nacional, con la Justicia como terreno de controversia.
