Agentes de tránsito en la mira: denuncias por multas inventadas y prácticas recaudatorias en CABA
Ciudadanos hartos de arbitrariedades y sanciones sin sustento legal
En los últimos años, el accionar de los agentes de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ha convertido en un foco creciente de críticas y denuncias. Conductores particulares, repartidores y trabajadores del transporte público coinciden en un mismo diagnóstico: lejos de cumplir una función pedagógica o preventiva, muchos agentes operan como verdaderos cobradores callejeros del Estado, más preocupados por recaudar que por ordenar el tránsito.
Multas por supuestas infracciones jamás cometidas, notificaciones que llegan sin pruebas fehacientes, y una notable ausencia de controles internos eficaces, alimentan la sospecha de que existe una política sistemática orientada a aumentar los ingresos estatales mediante sanciones abusivas.
El mecanismo: arbitrariedad, desinformación y falta de defensa
Son frecuentes los testimonios de automovilistas que relatan situaciones insólitas: actas labradas por “mal estacionamiento” en zonas permitidas, o por “uso del celular” sin que medie constatación fotográfica alguna. A esto se suma la imposibilidad de dialogar con los agentes en el momento del hecho, quienes muchas veces se retiran sin brindar explicaciones o incluso actúan a escondidas.
La estrategia parece repetirse: los agentes labran las multas de forma expeditiva, sin notificar en el momento al presunto infractor, y la infracción aparece semanas después en el sistema, cuando ya es tarde para presentar descargos con testigos o pruebas. “Es una estafa institucionalizada”, aseguran muchos damnificados, que deben atravesar largos y engorrosos trámites administrativos para intentar revertir sanciones injustas.
Recaudación disfrazada de control
Los datos confirman esta percepción: según cifras oficiales, en 2023 se emitieron más de 3 millones de multas en CABA, con un crecimiento sostenido del 20% respecto al año anterior. A pesar de la mayor circulación peatonal y de ciclistas, las infracciones por estacionamiento indebido, exceso de velocidad y uso del celular se dispararon sin una correlación directa con mejoras en la seguridad vial.
“No hay un objetivo pedagógico ni preventivo; solo buscan recaudar como si fueran una empresa privada”, denuncian desde asociaciones de defensa del consumidor. Algunas ONGs, como el Observatorio del Derecho Vial, alertan sobre la existencia de “zonas calientes” donde los agentes se concentran en cazar infractores más que en ordenar el tránsito, especialmente en barrios como Palermo, Caballito o Recoleta.
La falta de transparencia y el silencio del Gobierno porteño
Pese al volumen de denuncias, el Gobierno de la Ciudad, conducido hasta diciembre de 2023 por Horacio Rodríguez Larreta y actualmente por Jorge Macri, evita brindar estadísticas claras sobre el destino de lo recaudado. Tampoco existen mecanismos públicos de auditoría independiente sobre el accionar de los agentes, muchos de los cuales tercerizan funciones en empresas de control con escasa supervisión.
Intentos por solicitar registros audiovisuales de las infracciones suelen frustrarse por trabas burocráticas o excusas técnicas. “Es muy difícil defenderse cuando todo está montado para que la palabra del agente valga más que la del ciudadano”, apuntan abogados especializados en derecho administrativo.
Un sistema que erosiona la confianza ciudadana
Lejos de generar respeto o concientización, la conducta de muchos agentes de tránsito porteños genera desconfianza, indignación y sensación de indefensión. La percepción de que las multas son un instrumento de presión fiscal antes que una herramienta para ordenar el espacio público, debilita el pacto de convivencia urbana y aleja a los ciudadanos del Estado.
En lugar de apostar a una política vial integral, con campañas educativas, mejoras en la señalización y criterios de justicia real, la Ciudad parece haber optado por una lógica puramente recaudatoria que erosiona su propia legitimidad.
El tránsito no se ordena persiguiendo a los automovilistas como si fueran enemigos, sino promoviendo normas claras, controles justos y una conducta ejemplar de quienes deben hacerlas cumplir.
