A un año del triple lesbicidio de Barracas: marcharon para exigir justicia y denunciar la falta de perspectiva de género

Familiares, sobrevivientes y organizaciones feministas se movilizaron en el barrio porteño de Barracas al cumplirse un año del ataque que dejó tres mujeres muertas. Denuncian que la Justicia aún no considera el hecho como un crimen de odio por orientación sexual.

A un año del brutal ataque que terminó con la vida de Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Roxana Castro, decenas de personas se movilizaron este martes por la tarde en el barrio porteño de Barracas para exigir justicia y denunciar la falta de reconocimiento judicial del caso como un crimen de odio por orientación sexual. La marcha partió desde Plaza Colombia y concluyó frente al hotel donde ocurrió el hecho, con carteles, cantos y un pedido común: que no vuelva a pasar.

Con consignas como “Fue lesbicidio” y “Justicia es que no vuelva a pasar”, familiares, amigos, activistas y referentes de la comunidad LGBT+ cuestionaron duramente el accionar judicial, que hasta el momento no ha tipificado el hecho como crimen de odio ni como femicidio, a pesar de las evidencias y del contexto en el que se desarrolló.

El hecho: una bomba molotov y un ataque anunciado

El 6 de mayo de 2024, Justo Fernando Barrientos arrojó una bomba molotov a la habitación lindera del hotel de Barracas en la que residían cuatro mujeres lesbianas. El fuego causó la muerte de Andrea Amarante y Pamela Cobbas en el acto. Roxana Castro, con el 90% del cuerpo quemado, murió días después en el hospital. Sofía Castro Riglos, también presente en la habitación, logró sobrevivir al ataque.

Barrientos era huésped del mismo establecimiento y mantenía constantes hostilidades hacia las mujeres, según relataron testigos y allegados. Sin embargo, el juez Edmundo Rabbione, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, determinó que no se trató de un crimen de odio ni de violencia de género, sino de un «conflicto vecinal». El acusado está imputado por “homicidio doblemente agravado” por alevosía y peligro común, y se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Falta de perspectiva de género y reclamos al Poder Judicial

El fallo judicial, que excluye la figura del crimen de odio por orientación sexual y la violencia de género, generó una fuerte reacción entre familiares de las víctimas y organizaciones feministas, que desde hace meses reclaman la incorporación de una perspectiva de género en el tratamiento del caso.

“No fue un conflicto vecinal. Fue lesbicidio. Fue un ataque directo hacia mujeres lesbianas, en su espacio privado, por ser quienes eran y por cómo vivían”, denunció una de las manifestantes frente a la prensa. El término “lesbicidio”, cada vez más utilizado por organizaciones del movimiento LGBT+, busca visibilizar específicamente los asesinatos motivados por el odio a la identidad lesbiana, muchas veces invisibilizados dentro de las estadísticas de femicidios.

La propia sobreviviente, Sofía Castro Riglos, ha declarado públicamente en reiteradas ocasiones que el ataque fue precedido por insultos, amenazas y manifestaciones lesbofóbicas. Pese a ello, la instrucción del caso continúa sin modificar su calificación legal, y la causa aún no fue elevada a juicio oral.

Movilización y memoria activa en el barrio

Durante la jornada, se realizaron intervenciones artísticas, pancartas, cánticos y un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Las paredes del hotel y sus inmediaciones fueron cubiertas con afiches que decían “Fue lesbicidio”, “La justicia también es responsable” y “Se mata a las lesbianas en la cara de la gente”, en alusión al cántico que resonó durante la marcha.

“No estamos dispuestas a que este caso quede impune o mal calificado. Necesitamos una Justicia que entienda que cuando se mata a una mujer por ser lesbiana, se está atacando a toda una comunidad”, expresó una integrante de la organización Lesbodramas, que acompaña a la familia y a la sobreviviente en el proceso judicial.

Un reclamo que trasciende el caso individual

La movilización no sólo buscó justicia para Andrea, Pamela y Roxana, sino también visibilizar la violencia estructural que enfrentan las lesbianas y disidencias sexuales, muchas veces silenciadas o deslegitimadas por los propios canales judiciales. Según datos de organizaciones civiles, los crímenes por orientación sexual o identidad de género continúan siendo subregistrados o mal tipificados.

A un año de los hechos, el dolor sigue siendo profundo, pero también sigue viva la exigencia de justicia con perspectiva de género y diversidad. La marcha en Barracas fue una muestra de ello. Una advertencia al sistema judicial. Y una promesa de memoria activa: para que no vuelva a pasar.