Megaoperativo en Flores: orden urbano o criminalización del trabajo informal?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo de gran magnitud en el barrio de Flores para desalojar a los manteros de la avenida Avellaneda. Con más de 550 efectivos entre inspectores, operarios y Policía de la Ciudad, la administración de Jorge Macri ejecutó una medida similar a la que el año pasado se realizó en Once, donde se removieron vendedores ambulantes y se instalaron vallas perimetrales para impedir su regreso. La acción, presentada como una respuesta a los reclamos de comerciantes y vecinos, vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a la informalidad laboral, el derecho al trabajo y el modelo de ciudad que busca consolidar la gestión porteña.

Según el comunicado oficial, el megaoperativo abarcó 32 manzanas e incluyó allanamientos en 50 locales y depósitos de mercadería de presunto origen ilegal. Jorge Macri defendió la medida alegando que “no se puede permitir la competencia desleal” y que “el Estado debe garantizar el orden en el espacio público”.

El problema de fondo, sin embargo, es más profundo que una simple acción de control urbano. En un contexto de crisis económica, con una inflación creciente y el aumento del desempleo, la venta en la vía pública es muchas veces la única alternativa de subsistencia para miles de trabajadores. Según estudios recientes, la economía informal emplea a cerca del 40% de la población activa en Argentina, y su erradicación sin propuestas alternativas no hace más que profundizar la precarización social.

Desde el peronismo porteño, dirigentes y legisladores han criticado la medida, denunciando que se trata de una acción punitiva que criminaliza a los trabajadores en lugar de generar políticas inclusivas. “Detrás de cada mantero hay una familia que necesita vivir. La respuesta del Estado no puede ser solo el desalojo, sino también la creación de espacios formales para que la gente pueda trabajar dignamente”, expresó un referente de Peronismo por la Ciudad.

Las políticas de urbanismo del PRO han tendido a priorizar la estética y el orden sobre la inclusión social. La experiencia en Once, tras los desalojos de 2023, demuestra que el problema no se soluciona con vallas y presencia policial, sino con soluciones estructurales. Sin alternativas reales, los manteros terminan desplazándose a otras zonas, generando un fenómeno de «efecto dominó» que reproduce el conflicto en nuevos puntos de la ciudad.

El peronismo históricamente ha defendido la movilidad social ascendente y la protección del trabajo. Frente a medidas de este tipo, el desafío es proponer una política de desarrollo urbano que contemple la realidad de los trabajadores de la economía popular, promoviendo ferias legales, regulaciones inclusivas y capacitación para la formalización del sector.

El operativo en Flores es un nuevo capítulo de una disputa más profunda: qué tipo de ciudad queremos construir y qué lugar ocupa el trabajo informal en ese modelo. Mientras no haya soluciones de fondo, los manteros seguirán buscando nuevos espacios y el conflicto seguirá abierto.