Más de 1.700 personas denunciaron violencia doméstica en enero y alertan por el alto nivel de riesgo en los casos
La violencia doméstica volvió a mostrar cifras alarmantes en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer mes del año. Más de 1.700 personas fueron afectadas por hechos de violencia intrafamiliar durante enero, según datos difundidos por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El informe, elaborado durante el período de feria judicial, revela que un promedio de 56 personas por día acudió a denunciar situaciones de violencia, reflejando la persistencia de esta problemática social.
Un fenómeno que impacta principalmente en mujeres, niños y adolescentes
Durante enero, la OVD recibió 1.721 personas en sus oficinas, de las cuales 894 formalizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 752 realizaron consultas presenciales y 75 telefónicas. Los datos muestran que las mujeres adultas continúan siendo el grupo más afectado, representando el 58% de las personas denunciantes.
En segundo lugar se ubicaron niñas, niños y adolescentes, que concentraron el 29% de los casos, lo que evidencia el impacto de la violencia en ámbitos familiares y la vulnerabilidad de los menores dentro de estos contextos. En tanto, los varones adultos representaron el 13% restante, lo que confirma que, si bien el fenómeno afecta a distintos sectores, la violencia por motivos de género continúa teniendo una incidencia predominante.
Altos niveles de riesgo y amenazas graves
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la gravedad de las situaciones denunciadas. Las evaluaciones realizadas por los equipos especializados determinaron que el 26% de los casos fue catalogado como de riesgo alto o altísimo, mientras que el 59% presentó riesgo medio o moderado. Solo el 15% fue considerado de riesgo bajo.
Además, el relevamiento revela indicadores de violencia extrema. En el 14% de las denuncias se registraron amenazas de muerte, mientras que en el 7% de los casos se mencionó la presencia de armas blancas o de fuego, factores que incrementan significativamente el peligro para las víctimas.
Parejas y exparejas, los principales agresores
El informe también detalla que la mayoría de los hechos de violencia ocurre dentro de vínculos afectivos o familiares cercanos. El 45% de los casos correspondió a relaciones de pareja o expareja, mientras que el 30% involucró exclusivamente a exparejas y el 15% a parejas actuales.
Por otra parte, en el 35% de las denuncias existía un vínculo filial, lo que incluye situaciones de violencia entre padres e hijos u otros integrantes directos del núcleo familiar. El resto de los episodios se distribuyó entre familiares hasta cuarto grado y relaciones fraternales.
La violencia psicológica, la forma más extendida
El relevamiento de la OVD indica que la violencia psicológica estuvo presente en el 98% de los casos, consolidándose como la forma de agresión más frecuente. También se detectaron otras modalidades como violencia simbólica (47%), física (39%), ambiental (27%), económica o patrimonial (26%), social (8%), sexual (6%) y digital (2%).
En cuanto a las consecuencias físicas, el equipo médico constató lesiones en 151 personas, lo que representa el 13% del total de víctimas, de las cuales el 85% eran mujeres. Asimismo, se realizaron 38 derivaciones médicas, que incluyeron atención de urgencias, aplicación de protocolos por delitos sexuales y asistencia en salud mental.
Intervención judicial y medidas de protección
Frente a la gravedad de los casos, la Justicia Nacional en lo Civil dispuso 2.623 medidas preventivas urgentes durante el mes de enero. Entre ellas se destacan prohibiciones de acercamiento y contacto, órdenes de cese de intimidación y la entrega de 72 botones antipánico, lo que representa un promedio de más de dos dispositivos otorgados por día.
Aunque el informe señala que en 2025 hubo un mayor número total de presentaciones, en enero de 2026 se registró una mayor cantidad de personas afectadas, lo que refuerza la preocupación por la dimensión del problema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas.
Los datos vuelven a poner en agenda la persistencia de la violencia doméstica como un desafío estructural que exige políticas públicas sostenidas y una mayor articulación entre los sistemas judiciales, sanitarios y sociales para garantizar la protección integral de quienes atraviesan estas situaciones.
