El Gobierno revocó acreditaciones en Casa Rosada y desató un fuerte debate sobre libertad de prensa
El Gobierno nacional dispuso la revocación de acreditaciones a periodistas de varios medios para ingresar a la Casa Rosada, en una decisión que generó controversia y reavivó el debate sobre la libertad de prensa en la Argentina. La medida, que afectó a cronistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, FM La Patriada y El Destape, fue justificada oficialmente como una acción preventiva ante una presunta operación de inteligencia extranjera.
La orden fue atribuida a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se aplicó de manera sorpresiva: los periodistas se enteraron de la restricción al intentar ingresar a la sede de Gobierno en Balcarce 50, donde se les informó que ya no figuraban en el listado de acreditados.
Una decisión basada en un informe sin validación judicial
La justificación oficial se conoció horas después y se apoyó en un informe publicado por la organización británica openDemocracy, que menciona una supuesta campaña de “guerra híbrida” impulsada desde Rusia durante 2024.
Según ese trabajo, un grupo denominado “La Compañía” habría financiado la difusión de contenidos en medios argentinos con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el propio informe aclara que no existen pruebas concluyentes sobre pagos a periodistas o medios, ni se pudo verificar quién habría recibido los fondos.
Pese a esta falta de confirmación judicial o evidencia concluyente, el Gobierno avanzó con la restricción de acceso, lo que generó cuestionamientos sobre la proporcionalidad y fundamentos de la medida.
Aplicación selectiva y críticas del sector
Uno de los puntos más discutidos es la aplicación desigual de la decisión. Medios como Infobae y El Cronista, también mencionados en la investigación, no fueron alcanzados por la restricción, lo que alimentó las críticas sobre un posible criterio selectivo.
Desde distintos sectores periodísticos señalaron que la medida podría interpretarse como una represalia contra medios críticos del oficialismo, especialmente luego de recientes conferencias de prensa en las que algunos cronistas habían formulado preguntas incómodas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La periodista Liliana Franco, con décadas de acreditación en Casa Rosada, cuestionó públicamente la decisión y subrayó que la denuncia en la que se basa aún no fue probada ante la Justicia.
Extensión de la medida y diferencias institucionales
La restricción no se limitó al ámbito del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, replicó la decisión e impidió el acceso a los mismos medios.
En cambio, el Senado, encabezado por Victoria Villarruel, optó por no aplicar restricciones equivalentes, marcando una diferencia dentro del propio oficialismo.
Advertencias oficiales y preocupación por el precedente
Desde el Gobierno señalaron que la medida no apunta contra periodistas individuales, sino contra los medios involucrados en la investigación. Además, advirtieron que, de comprobarse la injerencia extranjera, podrían impulsarse acciones judiciales bajo figuras graves como traición a la patria.
No obstante, la decisión generó preocupación en el ámbito periodístico y político, donde se advierte que podría sentar un precedente delicado en materia de acceso a la información pública y libertad de expresión.
El caso abre así un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los medios, en un contexto donde las relaciones entre el poder político y la prensa atraviesan un momento de creciente conflictividad.
