Despidos en la Secretaría de Derechos Humanos: Un Nuevo Frente de Batalla contra el Gobierno de Javier Milei
La reciente ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, enmarcada dentro de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad argentina. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se han confirmado 63 cesantías en la cartera dirigida por Alberto Baños, bajo el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Este recorte ha generado una respuesta contundente de los trabajadores, quienes han decidido intensificar las medidas de fuerza para exigir la reincorporación de los despedidos.
Entre las áreas más afectadas se encuentran el Archivo Nacional de la Memoria, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Estos despidos ponen en riesgo la preservación de la memoria histórica y el funcionamiento de los centros dedicados a recordar y documentar los horrores de la última dictadura cívico-militar en Argentina.
En una entrevista con Página 12, la legisladora Victoria Montenegro subrayó la importancia de estar cerca de las Madres de Plaza de Mayo para coordinar nuevas estrategias de lucha. «Es clave estar cerca de las Madres para pensar nuevas estrategias de lucha», afirmó Montenegro, resaltando la importancia de la movilización social para defender las políticas de derechos humanos.
Los despidos no solo afectan a los trabajadores contratados bajo la Ley de Contratos de Trabajo, sino también a aquellos cuyo contrato se regía por el “artículo 9”. Según Octavio “Pilo” Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos, estas personas ni siquiera recibirán una indemnización. Rampoldi también mencionó que las áreas más afectadas incluyen la Dirección Nacional de Sitios, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y el Archivo Nacional de la Memoria.
La respuesta de los trabajadores ha sido contundente. Desde el martes, han realizado asambleas y manifestaciones frente al Ministerio de Justicia, y planean continuar con estas actividades hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos. Rampoldi destacó que el diálogo con las autoridades es prácticamente inexistente, y que las comunicaciones con el secretario Alberto Baños se han cortado casi por completo desde marzo.
La legisladora Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció la gravedad de la situación y recordó los compromisos internacionales de Argentina en la defensa de los derechos humanos. «El Estado argentino tiene compromisos internacionales con la defensa de los derechos humanos, y de hecho la ex ESMA es patrimonio de la humanidad», enfatizó Montenegro. La legisladora también hizo un llamado a la unidad y a la movilización, invitando a todos los trabajadores afectados por despidos en distintas áreas gubernamentales a sumarse a la convocatoria del jueves en Plaza de Mayo.
La asamblea abierta convocada por el sitio para la Memoria Virrey Cevallos en el barrio de Monserrat busca sumar fuerzas y definir medidas ante el desguace del espacio. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de resistencia y lucha contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei, que han golpeado duramente a sectores clave para la preservación de la memoria y la defensa de los derechos humanos.
El clima de tensión y movilización continúa creciendo a medida que los trabajadores despedidos y los organismos de derechos humanos intensifican sus esfuerzos para revertir los recortes y garantizar la protección de las políticas de memoria. En un momento en que la democracia argentina enfrenta nuevos desafíos, la lucha por la preservación de los derechos humanos y la memoria histórica se convierte en un frente de batalla crucial.
