Denuncia del Partido Obrero: «Un Salto en la Persecución Política»
El Partido Obrero denunció que este lunes 3 de junio su sede central en Bartolomé Mitre 2162, ubicada en el barrio de Balvanera, fue allanada. La organización política calificó este acto como una escalada en la persecución política y anunció que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado Nacional por violaciones a las libertades democráticas consagradas en la constitución nacional. Una conferencia de prensa está programada para este martes al mediodía.
Contexto de la Denuncia
En un comunicado, los militantes del Partido Obrero destacaron que la persecución contra su movimiento ha ido en aumento, señalando un ataque directo del presidente de la Nación contra los sectores combativos y, en particular, contra Eduardo Belliboni, a quien se refirió en términos amenazantes en redes sociales. Esta publicación fue denunciada, pero según el partido, la Justicia Federal no ha investigado el caso.
Además, el Partido Obrero denunció una serie de acciones intimidatorias previas, incluyendo el amedrentamiento para evitar una movilización el 20 de diciembre, la apertura de la línea 134 para denuncias contra el movimiento piquetero, y aproximadamente 30 allanamientos y pinchaduras de teléfonos contra el Polo Obrero, el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) y Barrios de Pie.
Detalles del Allanamiento
El allanamiento fue realizado bajo la presunta justificación de requisar documentación de Editorial Rumbos y cooperativas de trabajo, las cuales no operan en la dirección allanada y ya habían sido objeto de registros previos. El Partido Obrero consideró esta justificación como una «excusa torpe», señalando que tanto el juez como la Policía Federal, que ha estado realizando tareas de inteligencia en los alrededores del local, conocen que se trata de un espacio público y abierto utilizado para la organización de movilizaciones populares.
Reacción y Plan de Acción
El Partido Obrero ha acusado al Juzgado de aceptar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como querellante en la causa contra las organizaciones piqueteras, sugiriendo que ella debería rendir cuentas ante la justicia por actos de corrupción. En su comunicado, el partido indicó que Pettovello está implicada en la firma de convenios fraudulentos y en la negativa a distribuir alimentos almacenados en su ministerio.
La sede central del Partido Obrero, según sus militantes, es un centro de organización para diversas movilizaciones populares y ha sido utilizada por diferentes grupos, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hasta sectores obreros, piqueteros, juveniles y feministas. La comunidad partidaria percibe el allanamiento como un intento de desarticular y desmovilizar estos esfuerzos colectivos.
Declaraciones del Partido Obrero
«Esta persecución viene escalando, a partir del ataque del presidente de la Nación contra los sectores combativos y particularmente contra Eduardo Belliboni, a quien llamó a exterminar en una publicación realizada en sus propias redes sociales», denunció el Partido Obrero. «Publicación que denunciamos y que la Justicia Federal nunca investigó. Luego, el amedrentamiento para evitar la movilización del 20 de diciembre, la apertura de la línea 134 para montar denuncias contra el movimiento piquetero y posteriormente casi 30 allanamientos y pinchaduras de teléfonos contra el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie», expuso el partido político en un comunicado.
El partido concluyó que la situación actual representa «lo más cruel que nos ha pasado en los últimos tiempos», reiterando su compromiso de seguir reclamando y gritando hasta el hartazgo contra lo que consideran un ataque directo a sus derechos democráticos.
Conclusión
La denuncia del Partido Obrero sobre el allanamiento de su sede central resalta una serie de acciones que consideran parte de una persecución política en aumento. Con planes de llevar el caso a la CIDH y una conferencia de prensa programada, el Partido Obrero busca atraer la atención internacional y nacional hacia lo que describen como una grave violación de las libertades democráticas en Argentina.
