Declaró el gendarme acusado de disparar contra Pablo Grillo
Este miércoles, en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro (Comuna 1), declaró Héctor Guerrero, el gendarme acusado de haber disparado la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, durante una manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación Argentina. La indagatoria estuvo a cargo del juez Ariel Lijo y marcó un punto clave en la causa que investiga un hecho que conmovió al ámbito de los derechos humanos y el periodismo.
Seis meses después, el reclamo sigue
Mientras Guerrero prestaba declaración, familiares, colegas y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se concentraron frente a Comodoro Py para exigir Justicia. Bajo la consigna “Justicia por Pablo Grillo”, la familia del reportero, junto a trabajadores de prensa, realizó un acto en el que denunciaron la impunidad y reclamaron el avance de la causa.
“A seis meses del intento de homicidio, el pedido de Justicia es más fuerte que nunca. ‘El que las hace las paga’, dijo Patricia Bullrich, ministra del Ministerio de Seguridad, responsable de las fuerzas federales como Gendarmería Nacional Argentina. Guerrero y Bullrich son responsables. ¡Queremos que paguen!”, expresaron desde la cuenta oficial en redes que impulsan los allegados de Grillo. La mención directa a la funcionaria nacional refleja el reclamo de que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre el ejecutor material, sino también sobre la cadena de mando que habilitó la represión.
Pruebas periciales que complican al acusado
El caso tuvo un giro clave a comienzos de septiembre, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló un informe pericial incorporado al expediente por la jueza María Servini. Según ese peritaje, Guerrero no disparó la granada lacrimógena con la inclinación de 45 grados que establecen los manuales para dispersión de multitudes, sino de forma horizontal, lo que habría provocado el impacto directo en la cabeza de Grillo.
“Si hubiese disparado como ordenan los manuales, el cartucho jamás hubiera alcanzado a Pablo del modo en que lo hizo. Pero Guerrero decidió disparar de forma letal”, afirmaron desde el CELS, que actúa como querellante en representación de la familia de Grillo. Para los organismos de derechos humanos, esta prueba refuerza la hipótesis de tentativa de homicidio y desmiente la versión de un “accidente operativo”.
El contexto de la represión y el impacto en Grillo
El ataque ocurrió durante una protesta de jubilados frente al Congreso el 12 de marzo, cuando fuerzas de Gendarmería Nacional Argentina intervinieron para dispersar la movilización. En ese contexto, Grillo, que cubría la manifestación para un medio gráfico, recibió el disparo de gas lacrimógeno en el cráneo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado varios días y aún continúa en proceso de rehabilitación por las secuelas neurológicas del golpe.
Las imágenes del momento recorrieron medios nacionales e internacionales, visibilizando la violencia policial durante protestas sociales. Diversas entidades periodísticas denunciaron entonces que el ataque a Grillo no fue un hecho aislado sino parte de un accionar represivo contra la prensa durante manifestaciones opositoras al gobierno de Javier Milei.
Reclamo de Justicia y expectativas de la familia
La familia de Grillo y los organismos que acompañan el caso consideran que la indagatoria a Guerrero es apenas un primer paso. Reclaman que se avance hacia su procesamiento y elevación a juicio oral, y que se investigue la cadena de mando que permitió el uso de munición lacrimógena letal contra manifestantes pacíficos y trabajadores de prensa.
“La vida de Pablo cambió para siempre y todavía no hay responsables condenados. Necesitamos que este caso siente un precedente para que ningún otro periodista sufra un ataque por hacer su trabajo”, expresaron los familiares durante el acto en Comodoro Py.
Mientras tanto, Grillo continúa su recuperación, con el apoyo de su familia, colegas y organizaciones de derechos humanos que mantienen activo el reclamo: que haya Justicia y que el ataque no quede impune.
