Crisis en el sistema penitenciario porteño: el Gobierno de la Ciudad crea una nueva subsecretaría para contener las fugas
En respuesta a una serie de fugas de detenidos en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia porteño anunció la creación de una Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios. La medida surge tras la reciente evasión de seis presos de la Comisaría 3ª del barrio de Balvanera y otro del Microcentro, a solo días de la fuga de otros seis detenidos de una alcaidía en Caballito.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el área estará bajo la dirección de Leandro Halperin, mientras que el abogado Francisco Quintana asumirá como secretario de Justicia, ambos en la órbita del ministro Gabino Tapia. El nuevo organismo buscará reforzar los controles en las dependencias policiales y prevenir futuras fugas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las comisarías.
La seguidilla de incidentes en 2024 ha puesto en jaque la administración penitenciaria de la Ciudad. En diciembre pasado, la fuga de 17 presos de alta peligrosidad en la Comisaría de Liniers llevó a la remoción de la cúpula de la Policía de la Ciudad. La situación actual reaviva el debate sobre la capacidad de contención del sistema y la necesidad de políticas más efectivas en el manejo de detenidos.
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, fue categórico al advertir sobre las consecuencias para los efectivos involucrados en los incidentes: «Ya sea por acción u omisión, los responsables pasarán de servicio efectivo a disponibilidad o pasivo». Sus declaraciones reflejan la presión sobre las fuerzas de seguridad para evitar nuevas fallas en la custodia de detenidos.
Las fugas reiteradas ponen en cuestión no solo la operatividad policial, sino también el estado de las comisarías y alcaidías de la Ciudad, muchas de las cuales operan con sobrepoblación y carencias estructurales. La decisión de crear una subsecretaría especializada apunta a reforzar el control y mejorar la logística del sistema, aunque su impacto aún está por verse.
En un escenario donde la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el Gobierno porteño busca dar una respuesta inmediata para contener una crisis que, de no ser atendida con eficacia, podría seguir erosionando la confianza en el sistema penitenciario y policial de la Ciudad de Buenos Aires.
