33 detenidos y denuncias de criminalización de la protesta
El miércoles pasado, mientras el Senado de la Nación debatía y aprobaba la Ley Bases y el paquete fiscal, una marcha pacífica se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación tranquila culminó en una represión policial que dejó un saldo de 33 detenidos y numerosas irregularidades durante el proceso.
Diversas organizaciones y familiares de los detenidos convocaron a una conferencia de prensa hoy a las 15 horas en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), ubicada en Piedras 730, Ciudad de Buenos Aires. En esta reunión, se denunciarán las imputaciones y calumnias difundidas por figuras políticas como Patricia Bullrich y Manuel Adorni, y respaldadas por el fiscal Carlos Stornelli en un dictamen que acusa a los manifestantes de intentar perpetrar un golpe de Estado.
En las primeras horas de hoy, la causa penal pasó del Poder Judicial porteño al fuero federal. Esto resultó en el traslado de algunos detenidos a las cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza antes de que se resolviera su situación procesal, es decir, sin que la jueza María Servini haya decidido aún si serán excarcelados o se les dictará prisión preventiva, tal como solicitó el fiscal federal Stornelli. El resto de los detenidos se encuentran en Comodoro Py, esperando su turno para ser indagados.
El fiscal Carlos Stornelli ha solicitado la prisión preventiva para los detenidos, basándose en un comunicado de la Oficina del Presidente de la Nación (OPRA), una entidad cuestionada por su inexistencia formal en el Estado, que calificó a los manifestantes como «grupos terroristas» con la intención de «perpetrar un golpe de Estado». Esta medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, que ven en ella un uso abusivo del proceso penal y una criminalización de la protesta para inhibir la participación ciudadana.
Inicialmente, 23 de los detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y los otros 10 en manos de la Justicia federal. Sin embargo, a última hora del jueves, toda la causa fue transferida a la órbita federal, luego de que la Justicia porteña se declarara incompetente.
Stornelli está buscando determinar los roles individuales de cada uno de los detenidos y sus posibles vinculaciones para poder encuadrarlos en la figura de «terrorismo». El fiscal describió los hechos como «violencia colectiva», «organización» y «alzamiento del orden constitucional y la vida democrática».
Con la causa ahora bajo su jurisdicción, la jueza federal María Servini ha comenzado a indagar a los detenidos. En los próximos días, deberá decidir si dicta prisión preventiva o concede la libertad a los manifestantes. La comunidad está atenta a sus decisiones, que tendrán un impacto significativo en el contexto de derechos humanos y justicia en el país.
La represión en el Congreso y las subsecuentes acciones judiciales han generado una fuerte reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Las denuncias de criminalización de la protesta y el tratamiento de los detenidos ponen de manifiesto las tensiones y desafíos en la defensa de los derechos democráticos en Argentina. Mientras se espera la decisión de la jueza Servini, la atención se centra en la necesidad de un proceso justo y transparente que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.
