Un Fuero Laboral para Buenos Aires
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ha presentado ante la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a impulsar la creación y puesta en marcha del fuero laboral en el territorio capitalino. Este proyecto se complementa con una segunda iniciativa para la aprobación de un Código Procesal Penal para la Justicia Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La propuesta busca establecer el Fuero del Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la ciudad. Este fuero estará compuesto por 10 juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo conformada por dos Salas. Su competencia abarcará todas las cuestiones contenciosas relacionadas con conflictos individuales de derecho laboral, demandas basadas en contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo, así como causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo.
El plazo establecido para la implementación de estos órganos judiciales es de 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la Ley, durante los cuales el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá tomar las medidas necesarias para su integración.
El jefe de Gobierno ha fundamentado la necesidad de este proyecto en la demora que actualmente experimentan los procesos laborales ante la Justicia Nacional del Trabajo, así como en la importante cantidad de vacantes pendientes de designación de jueces en ambas instancias. Esta demora afecta las expectativas de la ciudadanía y las empresas, especialmente las PYMES, cuya continuidad se ve comprometida por los prolongados tiempos de resolución de los conflictos laborales y el impacto económico de las sentencias desfavorables. El objetivo es modernizar y agilizar el servicio de justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar una respuesta eficiente a los reclamos de trabajadores y empleadores.
