La Legislatura porteña repudió la medida judicial que prohíbe difundir los audios de Karina Milei
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de Declaración que repudia la medida judicial del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó impedir la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La votación y los bloques
La iniciativa fue impulsada sobre tablas por la legisladora de izquierda Andrea D’Atri y obtuvo 33 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones. Se pronunciaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Confianza Pública y otros bloques minoritarios. El rechazo vino del PRO, La Libertad Avanza y parte de la UCR, mientras que dos legisladoras radicales se abstuvieron.
Concretamente, votaron en contra Patricia Glize, Matías López, Paola Michielotto, Darío Nieto, Ignacio Parera, Sergio Siciliano, Gimena Villafruela (Vamos por más), Yamil Santoro (Republicanos Unidos), Leonardo Saifert, Marina Kienast, Estevarena González, Lucía Montenegro, Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas (LLA), Lucio Lapeña, Aldana Crucitta y Francisco Loupias (UCR).
El texto aprobado
La declaración señala:
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia en el fuero Civil y Comercial Federal de la CABA, Alejandro Patricio Maraniello, que ordena detener la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la ANDIS, por considerarlo un avasallamiento a la libertad de expresión, constituyendo un caso de censura previa”.
Argumentos de los impulsores
La autora del proyecto, Andrea D’Atri, celebró el resultado:
“Derrotamos el intento del PRO y LLA, en la Legislatura porteña, de impedirnos denunciar la censura contra el periodismo por los audios de Karina. Con 33 votos a favor se aprobó nuestro proyecto que repudia la cautelar inconstitucional del juez Maraniello, que constituye censura previa. No podrán acallar, con maniobras judiciales, el escándalo de corrupción del que habla todo el mundo. No lo pueden tapar con nada”.
Otros legisladores remarcaron que la medida judicial constituye un precedente peligroso en materia de libertad de prensa. “Si se admite que un juez silencie investigaciones periodísticas sobre corrupción con el argumento de proteger la intimidad de los funcionarios, el daño institucional es enorme”, sostuvo uno de los integrantes de la Coalición Cívica, que acompañó la iniciativa.
El trasfondo del caso
La cautelar dictada por el juez Maraniello fue presentada como una forma de “proteger la privacidad” de Karina Milei frente a una presunta operación de inteligencia. Sin embargo, la decisión fue duramente cuestionada por diversos sectores políticos, medios de comunicación y organizaciones de periodistas, que la calificaron como un acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por Argentina.
La polémica se profundiza en un contexto de denuncias cruzadas contra el magistrado, quien acumula expedientes en el Consejo de la Magistratura por acoso laboral, violencia de género y presunto tráfico de influencias. Esa situación motivó que diferentes bloques interpretaran la medida de Maraniello como una resolución política destinada a blindar al oficialismo.
Impacto político
La votación en la Legislatura porteña muestra un alineamiento transversal contra la censura judicial: además de la izquierda y el peronismo, se sumaron sectores del radicalismo y de la Coalición Cívica, mientras que el PRO y LLA quedaron aislados en la defensa de la cautelar.
En términos políticos, la decisión expresa una señal clara hacia el Gobierno nacional, cuestionado por el manejo del escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad y la exposición pública de Karina Milei. Al mismo tiempo, refleja la disputa sobre los límites de la libertad de expresión en la era de las redes sociales, donde los audios que motivaron el conflicto ya circulaban ampliamente antes de la medida judicial.
