Gases lacrimógenos en el Palacio Pizzurno: el Gobierno reprimió una protesta pacífica de estudiantes que pedían el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
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Un centenar de estudiantes de distintas universidades realizó una sentada en el hall del edificio de la Secretaría de Educación en Recoleta. Fueron recibidos por el secretario Torrendell, no obtuvieron respuestas y la Policía Federal los desalojó con escudos y gases. El episodio ocurrió un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el Decreto 759/2025 que recortaba el financiamiento universitario.
El Palacio Sarmiento, conocido como Palacio Pizzurno, ubicado en Pizzurno 935 de Recoleta (Comuna 2), fue este miércoles el escenario de una protesta estudiantil que terminó con gases lacrimógenos, escudos y el desalojo forzado de manifestantes que pedían algo concreto y legítimo: que el Gobierno nacional cumpla la ley.
Un grupo de alrededor de cien estudiantes de distintas universidades ingresó al hall del edificio donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación y realizó una sentada. No rompieron nada. No amenazaron a nadie. Reclamaron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y anunciaron que permanecerían en el lugar hasta obtener una respuesta. Finalmente los recibieron. La reunión no derivó en ningún acuerdo. Y entonces llegó la Policía Federal.
Qué pedían: financiamiento, becas y comedores
Los reclamos de los estudiantes no son nuevos ni caprichosos. En el centro de la protesta estuvo la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Congreso que el Ejecutivo viene incumpliendo sistemáticamente mediante recortes presupuestarios y maniobras administrativas. A eso se sumaron pedidos concretos: un incremento de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo, políticas de salud mental para la comunidad universitaria y mayores partidas para residencias y comedores universitarios.
No son demandas de privilegiados. Son las condiciones mínimas para que millones de estudiantes —muchos de los cuales trabajan mientras estudian, viajan horas para llegar a la facultad y dependen de los comedores universitarios para comer— puedan sostener sus carreras.
El contexto judicial: un decreto declarado inconstitucional
La protesta no ocurrió en el vacío. Tuvo lugar un día después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declarara la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, en una resolución que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El fallo fue un reconocimiento explícito de que el Gobierno estaba violando la ley al restringir el financiamiento de las universidades públicas.
Es decir: los estudiantes que protestaban tenían de su lado no solo la razón sino también un fallo judicial. La respuesta del Ejecutivo fue mandar a la Policía Federal.
La represión: escudos y gases contra una sentada pacífica
Las organizaciones estudiantiles que participaron de la protesta fueron unánimes en su caracterización del desalojo: violento e injustificado. Los efectivos de la Policía Federal intervinieron con escudos y gases lacrimógenos para expulsar a los manifestantes que permanecían en el hall del edificio después de que la reunión con Torrendell no arrojara resultados.
Los estudiantes sostienen que la protesta se desarrolló de manera pacífica en todo momento. No hubo daños al patrimonio, no hubo enfrentamientos, no hubo agresiones. Hubo jóvenes sentados en el piso de un edificio público reclamando que se cumpla una ley. La respuesta del Estado fue gas pimienta.
La reacción de Pettovello: el lenguaje del rechazo
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya cartera tiene entre sus áreas a la Secretaría de Educación, no tardó en pronunciarse. Su mensaje fue revelador en lo que dice y en lo que omite: “No queremos volver a una Argentina donde la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”.
La frase equipara una sentada pacífica con destrucción de patrimonio. No hay ningún reporte de daños en el Palacio Pizzurno. Lo que hubo fue un centenar de estudiantes ejerciendo el derecho a protestar dentro de un edificio público, ante funcionarios que no cumplen la ley. Para Pettovello, eso es “destrucción”. El lenguaje no es inocente: es la narrativa que precede y justifica la represión.
Una escalada que no termina aquí
La protesta del miércoles se inscribe en una escalada sostenida del conflicto por el financiamiento universitario que lleva más de un año. La quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, ya se perfila como una de las movilizaciones más importantes del ciclo. Docentes, no docentes y estudiantes preparan nuevas acciones en los próximos días, con un reclamo que la Justicia ya avaló y que el Gobierno sigue ignorando.
La educación pública argentina se construyó sobre décadas de esfuerzo colectivo, inversión estatal y la convicción de que el acceso al conocimiento no puede depender del tamaño de la billetera. Cada recorte presupuestario, cada Progresar que no se actualiza, cada comedor que se queda sin fondos, es un paso hacia atrás en ese proyecto. Los estudiantes que se sentaron en el Palacio Pizzurno lo saben. Por eso fueron. Y por eso volverán.
